Baltasar Garzón, quien supuestamente será el abogado del ex director Pemex, Emilio Lozoya, ha sido una figura importante para la política española e internacional, principalmente por promover un proceso penal en contra del dictador chileno Augusto Pinochet a finales de los años noventa. (ARCHIVO)
Baltasar Garzón, quien supuestamente será el abogado del ex director Pemex, Emilio Lozoya, ha sido una figura importante para la política española e internacional, principalmente por promover un proceso penal en contra del dictador chileno Augusto Pinochet a finales de los años noventa.
Ahora tendrá que impugnar por la extradición de un ex funcionario público, quien formó parte de la administración del expresidente mexicano Enrique Peña Nieto (2012-2018), que es acusado por actos de corrupción, asociación delictuosa, cohecho y lavado de dinero.
Incluso, no sería la primera vez que el exjuez y exmagistrado español tenga asuntos con México. El año pasado se reunió con el presidente Andrés Manuel López Obrador en un encuentro privado donde se discutió la creación de la Guardia Nacional.
De esta reunión, también se dio a conocer que sostuvo pláticas con el titular del ejecutivo en temas de seguridad, combate a la corrupción y de derechos humanos. Sin embargo algunos medios de comunicación le señalaron como un artífice de la creación nuevo cuerpo de seguridad.
Durante su carrera como jurista destacó por ser el abogado de figuras de alto calibre como Julian Assange, fundador de WikiLeaks, siendo director pro bono de su defensoría.
El licenciado en derecho que ejerce su oficio desde el año de 1979 ha publicado al menos diez libros en lo que destacan los temas de violación a los derechos humanos en dictaduras y combate a la corrupción.
Su publicación más reciente “No a la impunidad. Jurisdicción Universal, la última esperanza de las víctimas” es un ejemplo de ello. También ha escrito críticas al franquismo y a la Guerra Civil Española, a la que calificó como uno de los mayores antecedentes de lesa humanidad de los que se tenga registro.
En 2012 fue inhabilitado del cargo en el máximo tribunal por 11 años tras ser acusado por los magistrados españoles de haber tratado con “arbitrariedad” y “totalitarismo” a miembros del derechists Partido Popular implicados en el caso Gürtel.
