El gobernador de Durango, José Rosas Aispuro Torres indicó que en su gobierno el compromiso es no generar privilegios para quienes forman parte de la administración pública estatal y que aunque no caen en una responsabilidad legal, por una cuestión de moral, se separó de su cargo a aquellos servidores públicos que fueron beneficiados por uno de estos créditos. (EL SIGLO DE TORREÓN)
El Gobierno del Estado de Durango presentó este día los primeros resultados de la investigación que abrió la Secretaría de la Contraloría en torno a las reglas de operación que se aplicaron durante esta contingencia sanitaria por el COVID-19 para la asignación de 266 créditos del programa del fideicomiso Fondo Durango a micro, pequeñas y medianas empresas.
Durante este martes, se informó que la Contraloría revisó la totalidad de los expedientes en dos vertientes: en documento y en campo.
La titular de la citada dependencia, Raquel Leila Arreola Fallad explicó que en materia documental, se verificaron las reglas de operación del programa de la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco) y el contenido de los expedientes tanto de las personas físicas como morales que resultaron beneficiadas.
Se revisó el contenido de los documentos a fin de que cumplieran con los documentos previstos en las reglas de operación donde se verificó la cantidad solicitada así como la capacidad de pago para la asignación de los montos. Además, se analizaron los criterios de selección para la asignación de los montos económicos de cada solicitud y se realizó una verificación física en los domicilios de los beneficiados.
La funcionaria comentó que todos los beneficiados por este programa están obligados por contrato a pagar el crédito que les fue otorgado así como sus anexos legales.
Con referencia a la revisión de campo, señaló que se establecieron varias rutas y se realizaron visitas para la verificación física en los domicilios comerciales de los beneficiados además de que se solicitó a la institución bancaria girada correspondiente, la constancia del importe de los créditos ejercidos, los cuales se entregaron en cheque y por medio de transferencia electrónica.
Después de estos procedimientos, la Secretaría de la Contraloría detectó algunas observaciones como la ausencia de las constancias de no adeudo con otros programas estatales y/o municipales, falta de la firma del solicitante en algunos expedientes, inconsistencias en los formatos de verificación domiciliaria de los solicitantes y ausencia de identificación en algunos expedientes.
Con base a la revisión de los expedientes por parte del área responsable, se desprendió que el Comité Técnico del Fideicomiso, realizó las aprobaciones de los créditos en apego a las reglas de operación y que, a partir de ellos se podría derivar presentar responsabilidades en la integración de algunos expedientes, particularmente en las áreas técnicas de la Sedeco que tenían a su cargo la elaboración y validación de los mismos.
Por esta razón, se informó que la Secretaría de la Contraloría dará la atención que jurídicamente corresponde.
Dentro de los hallazgos de la revisión al día de hoy, se identificaron entre otros beneficiarios algunos servidores públicos así como quienes tienen algún parentesco directo o indirecto con funcionarios, líderes empresariales y actores políticos.
“Es necesario precisar que no fue una limitante de acuerdo con el contenido de las reglas de operación del fideicomiso del Fondo Durango y de los decretos que se publicaron como también es cierto que no nos dan elementos para la configuración de una presunta responsabilidad, según lo contemplan los numerales 58, 61 y demás relativos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas vigentes", puntualizó.
La Contraloría identificó que algunos créditos del programa del fideicomiso Fondo Durango fueron asignados a algunos funcionarios que a la vez, realizan alguna actividad de carácter comercial y que en función, de lo que señalaban las reglas de operación, no hay ninguna limitante para persona alguna.
SEPARAN DEL CARGO A FUNCIONARIOS BENEFICIADOS
No obstante, el gobernador de Durango, José Rosas Aispuro Torres indicó que en su gobierno el compromiso es no generar privilegios para quienes forman parte de la administración pública estatal y que aunque no caen en una responsabilidad legal, por una cuestión de moral, se separó de su cargo a aquellos servidores públicos que fueron beneficiados por uno de estos créditos.
De igual manera, dijo que se acordó que todos estos apoyos serán reintegrados y además se solicitará la inmediata devolución de cualquier otro crédito que involucre a familiares dentro de la administración "pues si bien, no caen en ninguna responsabilidad legal, moralmente no fue una decisión acertada".
Y con el objetivo de permitir a la Contraloría terminar la revisión de todo este proceso se separaron de su cargo de manera temporal todos aquellos funcionarios que intervinieron directamente en la conformación de los expedientes incluyendo al subsecretario de Fomento a Pymes y al gerente del Fondo Durango quienes tendrán que esperar la resolución final de la citada dependencia.
El mandatario estatal indicó que hubo disposición de algunos empresarios que de forma voluntaria reintegraron al Fondo Durango los créditos que les fueron otorgados.
Dijo que los montos reintegrados se sumarán a los recursos disponibles para que en los próximos días el Gobierno del Estado y después de una revisión a las reglas de operación y a una nueva conformación del Comité Técnico donde estén presentes empresarios, servidores públicos y el Poder Legislativo, se garantice la distribución de los créditos apegada a derecho.
El nuevo comité deberá ser incluyente e imparcial para otorgar recursos a los beneficiarios, sentenció.
Aispuro Torres indicó que se ampliará el número de créditos en el entendido de que el monto máximo que se prestará será de 50 mil pesos por beneficiario para mantener y reactivar fuentes de empleo de las más pequeñas.
Además, comentó que en los próximos días el Gobierno del Estado emitirá un nuevo decreto que regule la operación del Fondo Durango de acuerdo a lo comentado anteriormente.
Este martes, se informó que Ramón Tomás Dávila Flores presentó su renuncia como secretario de Desarrollo Económico a fin de continuar con la investigación. “Él no tiene nada qué ver en los temas que pudieran derivar de esto porque el Comité queda claro que actuó totalmente apegado a derecho, no obstante, eso, reitero, ha presentado su renuncia".
Por el momento, el encargado de despacho de la Sedeco será Gustavo Kientzle Baille, subsecretario de Desarrollo Económico en La Laguna de Durango.
