La Coalición de Trabajadores de la Educación Pública de Coahuila señaló que la crisis en los servicios que prestan las Clínicas del Magisterio, incluyendo la del municipio de Torreón, se ha intensificado pues prevalecen las carencias y las deficiencias que “son iguales o peores en los últimos años”. (ARCHIVO)
La Coalición de Trabajadores de la Educación Pública de Coahuila señaló que la crisis en los servicios que prestan las Clínicas del Magisterio, incluyendo la del municipio de Torreón, se ha intensificado pues prevalecen las carencias y las deficiencias que “son iguales o peores en los últimos años”.
Aunque se congratularon por el fallo que emitió la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de invalidar varios artículos de la Ley del Servicio Médico de los Trabajadores relativos a los copagos, los convenios para pagos de adeudos y los planes de protección que operaban como un modelo comercial de seguro de gastos médicos, ayer, el gremio denunció que los derechohabientes y beneficiarios continúan padeciendo de falta de medicamentos y de atención médica, lo que ha mermado en la salud de compañeros activos y jubilados.
José Luis Anzures, integrante de la Coalición de Trabajadores mencionó que lo anterior se agrava en estos últimos días “con la pretendida decisión de la administración del servicio médico de limitar aún más la atención con el pretexto de la falta de recursos para costear la atención por la falta de ingresos derivado de la resolución de la Corte”.
Dijo que les preocupa que se hagan planteamientos en el sentido de proponer una alternativa que “no es congruente con la responsabilidad del Ejecutivo estatal para cumplir con su obligación como garante de nuestra seguridad social y responder a la resolución de la Corte implementando mecanismos de refinanciamiento de la institución para mejorar sus condiciones de operación y ofrecer ya una atención de calidad, sin regatear recursos para los trabajadores de la educación y sin considerarlos una carga para el erario”.
Para la Coalición, la decisión de atender a la derechohabiencia por medio de servicios subrogados en los centros de salud pública o los Hospitales Generales del Estado, no asegura la solución a la problemática que enfrentan pues consideran que dichas instituciones médicas “tienen tantas o más carencias” que las clínicas del magisterio.
El gremio aclaró que ni los trabajadores ni pensionados son responsables del quebranto financiero y la mala calidad en el servicio que presta el Instituto del Servicio Médico pues esta situación “viene de mucho tiempo atrás. Es público y sabido que las causas fundamentales del servicio médico son las irregularidades administrativas y las deudas que tienen los patrones”. Añadió que las denuncias penales presentadas por la propia Auditoría Superior del Estado, manifiestan un presunto daño de más de mil 300 millones de pesos a las instituciones de seguridad social del magisterio, de los cuales más de 424 millones corresponden al Servicio Médico. Indicó que de esto último, no se ha dado cuenta sobre investigaciones que se hubieran realizado
Por otro lado, se dio a conocer que los informes oficiales del servicio médico, refieren grandes cantidades que le adeudan el Estado, la UAAAN y la UAdeC desde la Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación (DIPETRE) o por aportaciones ordinarias que al cierre del primer trimestre de 2020 ascienden a más de 760 millones de pesos, de los cuales el mayor adeudo es del estado con más de 550 millones de pesos. Según informó la Coalición, la cuenta de la UAdeC presenta un adeudo mayor a los 166 millones de pesos y la UAAAN por más de 20 millones de pesos.
A su vez la DIPETRE tiene cuentas por cobrar por más de 3 mil 439 millones de pesos de diferentes aportantes obligados, entre ellos el Gobierno del Estado con la mayor aportación pendiente de efectuar.
