Especialistas coinciden en que las figuras de los superdelegados que están en todos los estados del país, son cargos de carácter político más que administrativo. (ARCHIVO)
Promoción con fines electorales, irregularidades y faltas administrativas en el manejo de programas sociales son algunos motivos que aparecen en las denuncias contra los llamados superdelegados.
"Tenemos 102 denuncias que nos han llegado a la [Secretaría de la] Función Pública presentadas contra exdelegados del Bienestar y delegados. En este caso lo que puedo informar es que 24 de estas investigaciones ya han sido concluidas sin elementos, sin posibilidad de continuarlas, pero ocho ya están en proceso de responsabilidades", dijo la titular de esa dependencia, Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, durante la conferencia de prensa del Presidente de la República el 23 de enero de 2020.
Meses antes, en comparecencia ante la Cámara de Diputados, el 24 de octubre de 2019, señaló: "Estamos procesando 12 denuncias ya en contra de 10 delegados estatales de programas para el desarrollo (...) Hasta ahora las entidades federativas cuyos delegados han sido denunciados y están siendo investigados son: Aguascalientes, Chihuahua, Chiapas, Colima, Guanajuato, Puebla, San Luis Potosí, Sinaloa y Sonora."
Sin embargo, la secretaria respondió a este diario que sólo contaba con 97 denuncias y ninguna tiene sanción. De éstas, 86 están en trámite y las 11 restantes fueron concluidas para después ser archivadas por falta de elementos.
Este conteo fue entregado por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) en el proceso de un recurso de revisión, porque las secretarías de Bienestar y de la Función Pública no consideraban entregar parte de la información por estimar que debería ser confidencial.
En el documento se enlista el número de expedientes, entidad federativa, breve descripción de los hechos, estatus y sanción. El estado que tiene la mayor cantidad de denuncias ante la SFP es Colima, con 16; le sigue Aguascalientes, con 11; Oaxaca, con nueve; Tamaulipas, con siete, y Puebla y San Luis Potosí, con cinco cada una.
Durante esta administración hay al menos 20 expedientes con denuncias contra estos superdelegados que son señalados por "pedir dinero para ir a un evento, uso de recursos públicos para rubros distintos a los establecidos en la norma, faltas administrativas en manejos de programas sociales, irregularidades en el manejo de programas sociales y malos manejos en entregas de tarjetas, entre otras.
Una de las críticas más fuertes que se hicieron por parte de la oposición en la Cámara de Diputados al momento de la creación de esta figura fue el uso político-electoral que podrían tener esas personas. En la información que proporcionó la SFP hay al menos cuatro denuncias por intervención en procesos electorales, como es el caso del expediente 2020/BIENESTAR/DE667 abierto en Baja California por "promoción de imagen con fines electorales".
Otros de los motivos por los que se abrieron expedientes contra los superdelegados son: intervenir en asuntos que no corresponden a sus funciones, despido injustificado, falta de atención a la ciudadanía, contratación de familiares, participación en actos de partidos políticos, conflictos de interés y hostigamiento laboral, así como omitir información en su declaraciones patrimoniales, entre otros.
Al analizar los expedientes contra los funcionarios, se detectó que en 31 estados tienen, por lo menos, un señalamiento en una denuncia. Querétaro es el único sin ningún registro.
