Para los notarios públicos regresar al testamento de puño y letra será un retroceso y generará incertidumbre.
El Colegio de Notarios de la Ciudad de México consideró que volver al testamento ológrafo, como lo propone la Asociación Encuentro Social (AES) en el Congreso local, "significaría un retroceso, no sólo en el ámbito jurídico de la Ciudad, sino en el otorgamiento de la certeza y seguridad jurídica del patrimonio de las familias".
En entrevista, el notario Luis Eduardo Paredes Sánchez, presidente de la Comisión de Comunicación de ese organismo, sostuvo que la propuesta lejos de beneficiar a la sociedad en este tiempo de pandemia, como argumentó en su iniciativa el diputado local de la AES, Miguel Ángel Álvarez Melo, sólo generará incertidumbre.
Explicó que el otorgamiento de un testamento, como lo plantea la iniciativa, "abre la posibilidad a que una persona pueda hacer un testamento a nombre de otra persona", lo que motivaría los fraudes, además de que provocaría un cúmulo innecesario de trabajo a los juzgados, de por sí rebasados por la carga de trabajo. Recordó que el testamento ológrafo, estuvo vigente hasta la reforma publicada en la Gaceta Oficial del 23 de julio de 2012, luego que la comunidad jurídica en general, calificó como un acierto la desaparición de esa figura, junto con el testamento privado, el público cerrado, el público simplificado y los llamados especiales. "Por lo que hace al planteamiento de un testamento para casos urgentes, que se hiciera de manera física o electrónica, pero sin que conste en un protocolo, ni con la participación de un notario, consideramos que generaría incertidumbre, dado que el otorgamiento de un testamento, como plantea la iniciativa, abre la posibilidad a que una persona pueda hacer un testamento a nombre de otra persona", dijo.
Incluso, Paredes Sánchez reveló que en la actualidad se han dado casos en los que una persona ha intentado presionar a un Notario para la realización del testamento de un tercero, "imaginemos lo que sucedería si no estuviera de por medio un fedatario público, que está obligado por ley a actuar de manera imparcial", soslayó el notario.
Además, dijo, los testamentos que se realizaran de esa manera, tendrían que pasar, antes de ser ejecutados, un proceso de revisión judicial y una declaratoria de validez de un juez, para después abrir la sucesión testamentaria, pero si no hubiera esta declaratoria de validez, tendrían que iniciar un juicio de sucesión intestamentaria, que demanda de una cantidad importante de recursos económicos y tiempo.
"Es decir, lejos de ayudar económicamente a las familias, provocaría mayores gastos a quienes sean beneficiados mediante un testamento. Ello, porque un testamento de estas características, provocaría gastos en abogados, en algunos casos peritos, tiempos de desarrollo de los procesos de sucesión en juzgados, entre otros rubros", sostuvo.
Señaló que actualmente existe el testamento público abierto, que ha resultado, por mucho, la mejor opción para disponer de forma totalmente libre y segura de los bienes para después de la muerte.
