Allende, una masacre impune y desatendida

Diez años atrás en un día como hoy el municipio de Allende despertaba luego de ser el epicentro de la peor masacre en la historia moderna de México. Tras poco más de 49 horas, del 18 al 20 de marzo del 2011, al menos 300 personas fueron desaparecidas o asesinadas.

Bajo diferentes perspectivas, mediante distintas investigaciones se han dado a conocer el inicio y desenlace de los hechos. De acuerdo con la investigación "En el desamparo: Los Zetas, el Estado, la sociedad y las víctimas de San Fernando y Allende", por El Colegio de México, que recopila testimonios y expedientes, se señala que fue entre el 2004 y 2005 la presencia del Cártel de los Zetas en la región norte de Coahuila.

Según Jacobo Dayán, penalista internacional y especialista en derechos humanos que investiga el caso, la masacre se dio "en un entorno de control territorial brutal por parte de los Zetas en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y Veracruz, producto de la presencia de este cártel en la región", que derivó en una ola de asesinatos y desapariciones.

IMPERA EL SILENCIO

La impunidad y silencio por parte de las autoridades que derivaron en la masacre, tienen su origen con la compra de voluntades por parte de agentes de la Policía local, que de acuerdo con las investigaciones realizadas sobre el hecho, iniciaron con funciones de "halconeo" para advertir a la organización criminal de la llegada de elementos del Ejército, Marina, Gates o Policía Federal y culminaron con la desatención de las llamadas de auxilio durante los hechos del 18 al 20 de marzo.

A esto se le sumó la presión de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) a miembros de Los Zetas detenidos en Estados Unidos, quienes exigían la entrega de los Pin de los BlackBerry del Z40 y Z42.

Dayán relata que, previo a la entrega de información con la unidad de inteligencia de la Policía Federal de México para poder intervenir los teléfonos celulares, los miembros del cártel detenidos en la Unión Americana habían advertido a los agentes estadounidenses que esto llegaría a manos de Los Zetas.

La filtración "por parte de la Policía Federal hacia los líderes del cártel fue tomada como una traición hacia la organización por parte de esas personas de apellido Cuéllar, Moreno, Villanueva y Garza", señala, y esto "deriva en una persecución de toda persona que tenga relación con ellos", sin estar ligados a hechos criminales. La masacre de Allende, puntualizó, "es por los signos de la violencia que quedaron manifestados de manera muy brutal" en ese municipio, puesto que los hechos "eran evidentes con la destrucción de las viviendas".

En ese municipio, la mayor zona de exterminio fue el rancho "Los Garza", sin embargo el académico aseguró que esta ola de violencia se extendió hasta Piedras Negras, donde de acuerdo con las investigaciones de El Colegio de México, se registraron incendios atípicos, principalmente en esa ciudad fronteriza.

Dayán detalló que se trataba de personas incineradas en la vía pública, y que estos hechos se presentaron principalmente en Piedras Negras.

En el caso de Allende, el académico asegura que al obtener acceso a las actas de Cabildo realizadas a los pocos días de perpetrarse la masacre, no se hace referencia a los hechos delictivos, y acusa que "no había otra alternativa más que el silencio bajo la lógica de plomo o plata".

Cabe destacar que la información de los hechos delictivos fueron de pleno conocimiento del exgobernador interino de Coahuila, Jorge Torres López, ahora preso en Estados Unidos por evasión fiscal.

El académico dijo que "hay que recordar cómo operaba en esos años la Procuraduría en Coahuila" y agregó que "lamentablemente no hay información que permita conocer qué era lo que ocurría a más altos niveles", por lo que considera útil dar seguimiento a los juicios en Estados Unidos, puesto que las fiscalías no dieron seguimiento a la información, sin embargo la figura de testigo protegido en ese país dificulta el acceso a los datos.

Se preguntó si la secrecía con la que se maneja la información en Estados Unidos es cómplice de la falta de acceso a la justicia, a lo que Dayán comentó que en ese país "se está haciendo una investigación a agentes de la DEA sobre este hecho en particular", y se cuestionó "si de nuestro lado se está haciendo una investigación por parte de la Fiscalía para ver por donde se filtró la información", a lo que respondió que "evidentemente no".

VÍCTIMAS DE LA MASACRE

Actualmente el número de víctimas es incierto, la cifra asciende de 300 a 350 personas entre desaparecidas y asesinadas, mismas que dieron a conocer a través de una declaración hecha en 2013 durante el juicio en Estados Unidos contra José Treviño (hermano mayor del Z40 y Z42), por parte de Héctor Moreno Villanueva "El Negro", integrante de Los Zetas y testigo protegido de la Administración para el Control de Drogas.

En contraparte, el expediente de la entonces Procuraduría de Justicia del Estado de Coahuila solo cuenta con información de 42 personas en calidad de desaparecidas entre enero de 2011 y agosto del 2012. La información oficial del Estado asegura que el total de desapariciones durante el fin de semana del 18 al 20 de marzo del 2011 fue solo de 26 personas.

Sin embargo, Dayán señaló que datos de Colmex obtenidos a través de colectivos, detallaron que las cifras expuestas en los juicios son falsas, pues ese número de víctimas se alcanzó en toda la zona de los Cinco Manantiales (Zaragoza, Nava, Allende, Villa Unión y Morelos) así como en el municipio de Piedras Negras en un fin de semana.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en 2014, cuando era dirigida por Raúl Plascencia, no emitió recomendaciones. Fue hasta la dirección de Luis Raúl González Pérez que se entregó una, con la cual familiares de las víctimas y autoridades han estado trabajando, no obstante Dayán acusó que "llegó muchos años después y es corta".

Pese a los avances en el caso, la justicia para las víctimas "nunca ha llegado" recordó el académico, a pesar de los avances que se han llevado a cabo en materia de seguridad en Coahuila desde la entrada de Rubén Moreira a la gubernatura, y cuyo modelo ha tenido continuidad con Miguel Ángel Riquelme.

Dayán puntualizó que si bien Coahuila ha sido pionero en la creación de leyes que atienden casos de desaparición forzada y atención a víctimas, "el gran pendiente es la impunidad y el garantizar la aparición y búsqueda de las personas desaparecidas".

A esto se ha sumado que el Gobierno federal ha mantenido como tema no atendido la masacre, e indicó el académico que "las investigaciones se siguen centrando en los más bajos niveles de responsabilidad", pues se limitan en buscar a los autores materiales de los hechos "y nunca en comprender el contexto y entender cómo operan estas redes de macrocriminalidad vinculadas a las redes de protección política".

Abandonan la ciudad

El alcalde de Allende, Antero Alberto Alvarado Saldívar, dio a conocer que durante los hechos violentos registrados hace 10 años en el municipio y la región Norte de Coahuila, cerca de 400 personas decidieron dejar la ciudad. A una década de distancia, solamente ha regresado el 10 por ciento de dicha población.

“Recuerdo que ese día mucha gente se fue a Eagle Pass, no había hoteles suficientes para toda la gente que huyó en su momento y que en realidad no fueron tres días, sino un mes aproximadamente lo que estuvieron estas personas aquí. Día con día amanecía una casa en llamas”, indicó Alvarado Saldívar.

Al cuestionarlo sobre la cantidad de ciudadanos del municipio de Allende que conformaron este éxodo, Alvarado señaló que en 2011fueronmás de 400 personas y solo han retornado alrededor del 10 o el 15 por ciento. “Las demás comenzaron a hacer su vida. Ya es un tema de 10 años y creo que encontraron en otros lugares, lo que no pudimos darles en Allende, la seguridad, la paz, la tranquilidad y sus razones tuvieron”, manifestó.

El alcalde indicó que actualmente las condiciones han cambiado pues hoy se tiene un estado y un Allende muy seguro, además de estar enfocados en reconstruir el tejido social.

Manifestó que nunca debe olvidarse lo que allí pasó, pues consideró que quien no conoce la historia está condenado a repartirla. “Que no fueron tres días como lo señala la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que duró más de un mes, lo que fue un terror aquí. No había un Estado de Derecho, hoy”. (Por René Arellano)

Más de 300 personas desaparecieron o fueron asesinadas luego de más de 49 horas que duró la masacre en Allende, Coahuila, en marzo del 2011.