El Parlamento griego aprobó este jueves la controvertida nueva ley universitaria, que prevé crear brigadas permanentes de policías en los campus y limitar el número de admisiones de alumnos. (EFE)
El Parlamento griego aprobó este jueves la controvertida nueva ley universitaria, que prevé crear brigadas permanentes de policías en los campus y limitar el número de admisiones de alumnos.
El partido en el Gobierno, Nueva Democracia, impuso esta noche su mayoría absoluta en la Cámara para sacar adelante la ley, que ha despertado grandes protestas entre el sector educativo y la oposición.
En el debate que tuvo lugar en la Cámara, el primer ministro griego, Kyriakos Mitsotakis, afirmó que con esta reforma "en las universidades no entra la policía, entra la democracia".
Mitsotakis defendió que esta nueva ley lleva la libertad a las universidades y que acabará con la anarquía y la violencia.
Asimismo, señaló que limitar el número de admisiones y el tiempo que los alumnos tienen para acabar la carrera dará una garantía de calidad a las facultades públicas.
Por su parte, Alexis Tsipras, líder de Syriza, el principal partido de la oposición, sostuvo en su intervención que el proyecto de ley del Ministerio de Educación es un "monumento al autoritarismo".
"Se está aprovechando la crisis para imponer un régimen de miedo y vigilancia", dijo Tsipras.
Las asociaciones de estudiantes han convocado manifestaciones multitudinarias durante cinco semanas consecutivas y señalan que la nueva ley busca acabar con el movimiento estudiantil y dificultar el acceso de muchos jóvenes a la educación universitaria.
Esta misma tarde se convocaron varias protestas y en Salónica, en el norte del país, surgió de nuevo la tensión entre la policía y los manifestantes cuando estos lanzaron cócteles molotov, piedras y otros objetos a los agentes, que respondieron con gases lacrimógenos. La protesta se saldó con 24 detenciones.
Con la aprobación de esta ley, la policía, que hasta ahora podía acceder a la universidad sólo si había indicios de delito o se lo pedía el rector, tendrá un cuerpo permanente dentro de estas instituciones, algo inaudito desde el fin de la dictadura de los coroneles en 1974.
Para ello serán contratados mil agentes, que tomarán cargo inicialmente en las cinco mayores universidades del país.
La ley también prevé instaurar comisiones disciplinarias, que impondrán sanciones e incluso podrán expulsar a los estudiantes que cometan infracciones durante los exámenes, participen en protestas dentro de los campus u ocupen facultades.
Además, se introducirá una nota mínima de acceso superior a la actual en muchas facultades, lo que preocupa a los rectores al aumentarse la dificultad de acceso a las carreras.
Según los estudiantes, este sistema reducirá las admisiones en un 25 % y afectará especialmente a los alumnos con menos recursos.
Las asociaciones de padres y madres critican que la reforma les supone gastos adicionales, ya que tendrán que hacer frente a segundas matrículas, clases de refuerzo o matrículas de universidades privadas, algo que muchos no pueden permitirse.
A pesar de que las universidades que no apliquen la ley podrán recibir una evaluación negativa que afectará a su financiación, la mayoría de rectores universitarios han expresado su desacuerdo con esta política de mano férrea contra los movimientos estudiantiles.
