De no cumplirse con la normativa, las excavaciones se cancelarían. (ARCHIVO)
El INAH publicó, el pasado 22 de abril, nuevas disposiciones reglamentarias para hacer investigación arqueológica en México, las cuales, a decir de los arqueólogos, "son excesivas y limitativas, y van en contra de la investigación y de la academia", y ponen en tela de juicio la libertad de investigación por el contenido de los artículos 2 y 3.
Las reformas a los Lineamientos para la Investigación arqueológica en México, con 58 artículos, exigen, por ejemplo, sujetarse a las técnicas y convenciones académicas instituidas en el ámbito científico nacional y/o internacional, responsabilizan a los investigadores frente a los bienes muebles e inmuebles que puedan ser afectados durante el proyecto arqueológico, demandan la elaboración de protocolos, establecen tiempos límite para la elaboración de proyectos, disponen que los proyectos tienen hasta cinco años para elaborar un reporte final y una prórroga de hasta cinco años más. De no cumplirse con la normativa, las excavaciones se cancelarían. Esto, según los arqueólogos, abre la posibilidad de poner en riesgo investigaciones en curso.
"La investigación sí estaba regulada, pero ahora nos piden hasta siete niveles de autorización para proyectos que tienen presupuestos de 5 mil pesos, lo máximo que otorgan son 100 mil, pero para conseguirlos hay una gran exigencia y estos trámites harán todavía más complejo conseguir recursos para nuestras investigaciones. No están facilitando nuestro trabajo, están poniendo tantas trabas a tal grado que desalentará a los investigadores y es que estas reformas pueden provocar cosas como alentar los tiempos, es decir, nosotros hacemos lo que nos piden, el Consejo se toma meses en aprobar, para cuando nos den luz verde ya habrá pasado la temporada o no habrá presupuesto porque no debemos olvidar que el INAH tiene un déficit financiero. ¿Esto es para justificar que no pueden aprobar más proyectos?", cuestiona el arqueólogo Gustavo Ramírez, secretario general del Sindicato de Profesores de Investigación Científica y Docencia del INAH.
De acuerdo con Ramírez, las reformas a los Lineamientos fueron puestas en vigor desde el 22 de abril. Sin embargo, los investigadores no han sido notificados de manera oficial. "Nos resulta extraño porque el sindicato alberga a todos los arqueólogos del instituto, somos poco más de 400 y representamos el 50% del personal de investigación de base".
El problema, agrega, es que estas reformas, en un primer análisis, son un exceso de regulación. "Le cargan la mano al investigador y le dan una serie de responsabilidades para ejecutar proyectos, pero además los sanciona y los castiga con severidad por cosas como no cumplir con la elaboración de informes en tiempos definidos. La arqueología es una ciencia en la que el análisis de materiales implica un largo tiempo, a veces mucho más que el que toma la exploración de los sitios. De tal suerte que estas reformas nos limitan académicamente".
Y añade: "Por ejemplo, si el arqueólogo se excede en su temporada o si no notifica cambios metodológicos, entonces el Consejo de Arqueología puede suspender hasta que se regularice. Esto es grave porque abre la puerta a la destrucción y deterioro de los hallazgos y de las estructuras que se están excavando, por cosas como una lluvia. Es decir, lo que están priorizando es el trámite. ¿Por qué podrán detener una investigación y no pueden detener una destrucción de terceros como la que está ocurriendo en Oztoyahualco, Teotihuacan?".
Esas nuevas medidas, dice Julie Gazzola, investigadora de la Subdirección de Estudios Arqueológicos del INAH, son irreales y no se pueden acatar, porque "no estamos en la mejor situación y no tenemos los medios para acatarnos a esa reglamentación, es tan simple y tan grave como esto. Nos piden prever los materiales que encontraremos y los especialistas que necesitamos, pero en la arqueología no se puede prever, no sabemos con certeza. Si prevemos que necesitamos un antropólogo físico, pero si al final no encontramos restos óseos, ¿entonces qué hacemos?".
Entre los nuevos requerimientos también se solicita al arqueólogo "los nombres de los materiales que vamos a usar... tampoco lo podemos establecer, así no se hace arqueología. ¿Quién hizo estas regulaciones porque no parece que sean arqueólogos? Exigen cosas irrealizables", dice Gazzola.
Por su parte, el antropólogo y exsecretario Técnico del INAH, Bolfy Cottom señala que hay "una total ausencia de criterios arqueológicos, es decir, no se les consultó. Además, en el artículo tercero se habla de libertad de investigación, pero en el artículo 2, ya se le dio toda la facultad al Consejo de Arqueología como órgano fiscalizador, encargado de aprobar los proyectos de investigación. Esos artículos son contradictorios".
AUTORITARISMO E INCONGRUENCIA
El 19 de abril de 2017 fueron emitidos los últimos lineamientos para la investigación arqueológica en México, que estaban conformados por 43 artículos; los recientemente publicados cuentan con 58. Ambos documentos están en proceso de análisis comparativo, dice Ramírez, para ver en qué medida aumentan los "excesos regulatorios".
Además de los Lineamientos para la investigación arqueológica, el 22 de abril pasado también se publicaron las Bases de Integración, Funcionamiento y Operación del Consejo de Arqueología, en las que se agregan medidas que convierten al Consejo en un órgano "más autoritario".
"El Consejo, de por sí, hace tiempo que no funciona bien. Muchos de nosotros hemos tenido problemas porque no nos autorizan los informes y hay que estar haciendo ajustes constantemente hasta lograr su aprobación; pero el problema no es sólo éste, el verdadero problema es que para nosotros es notorio que los informes ni siquiera los leen con rigor. Se demoran mucho, hasta cuatro meses, cuando ya no contamos con presupuesto o la época propicia para hacer excavaciones ya pasó porque ya tenemos las lluvias encima", señala Gustavo Ramírez.
Sin embargo, Cottom señala que hay un problema, porque en estos nuevos lineamientos, el Consejo de Arqueología y la Coordinación de Asunto Jurídicos se convierten en "grandes protagonistas". Y es que por definición, explica Cottom, un consejo recomienda, aconseja, propone, "pero no es autoridad, no puede asumir funciones ejecutivas, porque entonces tendría que ser tomado en cuenta como sujeto de responsabilidad y los consejeros tendrían que ser sujetos de fiscalización".
En el INAH existen otros consejos, como el de Monumentos Históricos, el de Conservación o el de Paleontología, y habría que ver si esos otros casos juegan el mismo rol como el de Arqueología: "Si eso pasa, debe quedar claro que además del coordinador de arqueología, la secretaría técnica y el director general, tendríamos que sumar al director del Consejo como un sujeto con responsabilidades", indica.
Ante esa serie de cambios, el Sindicato Nacional de Profesores de Investigación Científica y Docencia del INAH envió una carta al titular de la dependencia, Diego Prieto, así como a Alejandra Frausto, secretaria de Cultura, para manifestar que fueron hechos sin la "participación amplia de los arqueólogos" y por su "marcado tono autoritario".
Ello porque los documentos "no presentan una mejora regulatoria de la materia de trabajo de arqueología; por el contrario, priorizan los aspectos burocráticos sobre los académicos, convierten al Consejo de Arqueología en un aparato autoritario de control que limita la libertad de Investigación a patrones preestablecidos, aumentando la responsabilidad, dificultades y castigos a los arqueólogos, para obtener autorizaciones de proyectos, sin que el Instituto se comprometa a garantizar los medios y recursos necesarios para cumplir con los complicados trámites, entorpeciendo así el cabal y adecuado desarrollo de la investigación arqueológica en México".
