Debilitar al órgano garante de la transparencia nacional pone en riesgo la tutela de dos derechos fundamentales de las personas: el de acceso a la información y el de protección de datos personales, advirtieron. (ARCHIVO)
Debilitar al órgano garante de la transparencia nacional pone en riesgo la tutela de dos derechos fundamentales de las personas: el de acceso a la información y el de protección de datos personales, advirtieron la comisionada Norma Julieta del Río Venegas y el comisionado Adrián Alcalá Méndez del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai).
Esto durante el conversatorio "La importancia de los órganos autónomos en el desarrollo democrático de México", convocado por la Red de Gobierno Abierto y Desarrollo Sostenible, donde la comisionada Del Río Venegas destacó que el Inai es un órgano autónomo especializado e imparcial, que funge como árbitro cuando la ciudadanía solicita información a las instituciones públicas y éstas se niegan a entregarla.
"Pondría en riesgo la garantía de los derechos de acceso a la información y de protección de datos personales" y el gobierno se convertiría en "Juez y parte" al resolver asuntos relacionados con estos temas, apuntó Norma Julieta del Río.
Y en su intervención el comisionado Adrián Alcalá Méndez, señaló que en México cada uno de los organismos autónomos tiene su origen en un problema profundo y real que llevó a la adopción de medidas tendientes a fortalecer la democracia del Estado mexicano, entre las cuales se encuentra la creación, consolidación y aceptación de autoridades autónomas, independientes y especializadas.
"El Inai no fue un capricho político, ni una ocurrencia, ni tampoco una consecuencia por parte del Estado mexicano hacia la sociedad, sino que fue el resultado de años de análisis, de reclamos sociales, académicos, y por supuesto, de voluntad política, de reconocer que México necesitaba contar con una institución que, en materia de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales, sea el puente de comunicación entre la sociedad y el gobierno", precisó.
En tanto, Rosa María Cruz Lesbros, presidenta del Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), sostuvo que los organismos públicos autónomos en general han sido construidos por y desde la ciudadanía.
"No ha sido una concesión gratuita del neoliberalismo, ha sido una constante búsqueda de la institucionalización de la democracia", apuntó.
Por su parte, el comisionado del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), Javier Juárez Mojica, afirmó que regresar la función regulatoria del Instituto a una secretaría de Estado representa un retroceso, pues el nuevo diseño institucional, además de ser ajeno a cualquier coyuntura política o intereses económicos ha dado resultados y trabaja en proyectos conjuntos con el Poder Ejecutivo, para cumplir con los objetivos y las metas del Plan Nacional de Desarrollo (PND).
"No me imagino una nueva normalidad sin transformación digital y tampoco me imagino la transformación digital sin certeza jurídica para desplegar las redes de nueva generación que se requiere de fibra óptica, las redes 5G, y como parte de ese entorno de certeza jurídica el regulador debe ser ajeno a cualquier interés económico y político, y ese diseño institucional se logra precisamente a través de un organismo constitucionalmente autónomo", concluyó.
