Se encontró que 68 % de pagos por servicios presentaban penalizaciones tras haberse detectado algún incumplimiento. (ARCHIVO)
En el sexenio de Enrique Peña Nieto, el Órgano Interno de Control (OIC) en Caminos y Puentes Federales (Capufe) detectó serias irregularidades en los procedimientos de contrataciones y adquisiciones, así como anomalías en la administración y control de diversas plazas de cobro, pero ninguno de los 13 delegados y subdelegados involucrados fue sancionado.
El castigo para estos servidores públicos llegó tras el cambio de administración. Al menos cinco de ellos fueron inhabilitados, mientras que ocho fueron suspendidos o amonestados por la Secretaría de la Función Pública (SFP) durante el primer año de este gobierno al ser acusados de "negligencia administrativa".
En una revisión hecha a medio centenar de auditorías que practicó el OIC en Capufe entre 2013 y 2018 se encontró que diversas delegaciones adquirieron artículos y servicios que se encontraban por encima de los costos ofertados en el mercado y que en algunas plazas de cobro había trabajadores que recibían un sueldo sin que se presentaran a laborar.
En los reportes de hallazgos se lee que diversas delegaciones autorizaron pagos indebidos y se fraccionaron contratos para otorgar adjudicaciones directas y evitar licitaciones, mientras que en diversos procedimientos se omitió comparar las propuestas económicas de los licitantes.
En diversas contrataciones se omitió realizar estudios de mercado que permitieran acreditar que las compras aseguraban las mejores condiciones en cuanto a precio y calidad de los bienes adquiridos y se realizaron pagos sin autorización presupuestal.
En la delegación regional VII Reynosa, en Tamaulipas, durante 2014 se encontraron deficiencias en la operación y administración de la línea exprés para la recaudación de los ingresos y tras un análisis de lo recaudado por concepto de peaje se determinó que la compañía de traslado de valores presentaba desfases en los depósitos de ingresos, otros no identificados y algunos más anticipados.
El OIC recomendó al entonces delegado Marcos Amaro Olivares Olvera una serie de mejoras. El funcionario continuó en el cargo tras el cambio de gobierno, y en marzo de 2019 la SFP castigó a Olivares Olvera con una simple amonestación. En julio de ese año dejó finalmente el puesto que ejercía desde 2013.
En una auditoría de 2017 hecha a una serie de adquisiciones, arrendamientos y servicios contratados por la delegación regional X de Monterrey, zona norte, a cargo de Tito García Herbert, se encontró que varios contratos se fraccionaban para evitar la licitación pública.
En diversas compras que se realizaron a un proveedor por concepto de venta de boletos de avión se sobrepasaba el monto establecido para las adquisiciones directas. En otro procedimiento de contratación no se llevó a cabo una investigación de mercado conforme a la ley y se autorizaron pagos indebidos.
Tras el análisis de 40 pagos realizados por servicios otorgados en los meses de marzo, abril y mayo de 2017, se encontró que 68% de ellos presentaban penalizaciones tras haberse detectado algún incumplimiento.
Se localizó un contrato que se firmó 118 días después de la fecha de adjudicación. Además, la vigencia del servicio era del 1 de mayo al 31 de diciembre de 2016. Sin embargo, los pagos se realizaron desde abril, cuando ese mes no se encontraba respaldado por ningún contrato, por lo que se pagó más por el servicio.
En otra auditoría de 2014, el OIC encontró que diversos contratos se otorgaron de forma directa y para ello se justificó que se trataba de un caso fortuito. Sin embargo, en el dictamen no se acredita cuál fue la causa de fuerza mayor que justificara esa adquisición.
Tras una revisión del OIC a las adquisiciones de bienes efectuadas en 2013, las cuales se realizaron mediante invitación a cuando menos tres personas y adjudicación directa, no se localizó en el expediente la justificación del área solicitante para la compra, la investigación de mercado, el oficio mediante el cual se invita a los proveedores ni las minutas de las juntas de aclaraciones. Los auditores también localizaron facturas que amparaban los pagos de diversos contratos que no contaban con sello de recibido por parte de la superintendencia de recursos materiales y tampoco había evidencia de quién recibía los bienes y el lugar de recepción.
"Las notas de entrada al almacén señalan a servidores públicos que no trabajan en la delegación regional X Monterrey", quedó asentado en las observaciones de esa auditoría.
En las unidades médicas de atención ubicadas en las plazas de cobro Mesillas y Coscomate de la delegación X se encontraron bienes que se obtuvieron sin la realización de un procedimiento de adquisición: "No se realizó un estudio de mercado para asegurar las mejores condiciones en cuanto a precio, calidad, financiamiento y no se contó con la autorización presupuestal para la adquisición de los bienes", se señala en la auditoría.
Además, la adquisición de los bienes requeridos en las unidades médicas no se formalizó mediante un contrato y algunos de éstos fueron entregados en malas condiciones, estaban almacenados en bodegas o no habían sido instalados.
