La comunidad indígena mexicana Choréachi, formada por unos 800 hombres y mujeres tarahumaras, denunció este viernes en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que el gobierno federal mexicano y el del estado de Chihuahua incumplieron las medidas de protección que ese tribunal dictó a su favor en 2020 ante las agresiones, hostigamientos y amenazas de grupos criminales del narcotráfico en una disputa de tierras que recrudeció en 2013. (ARCHIVO)
La comunidad indígena mexicana Choréachi, formada por unos 800 hombres y mujeres tarahumaras, denunció este viernes en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que el gobierno federal mexicano y el del estado de Chihuahua incumplieron las medidas de protección que ese tribunal dictó a su favor en 2020 ante las agresiones, hostigamientos y amenazas de grupos criminales del narcotráfico en una disputa de tierras que recrudeció en 2013.
En una audiencia digital de un día ante la Corte y a nombre de la comunidad, el (no gubernamental) Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (CEDEHM), de Chihuahua, reprochó que México "no ha respondido con la seriedad" a las órdenes emitidas por el tribunal para proteger a esa etnia y recalcó que hay "un preocupante" incumplimiento de los dos gobiernos (el federal y el del estado) a las medidas.
"No vivimos a gusto en nuestras propias tierras", lamentó el indígena mexicano Ángel Machado, segundo gobernador de la comunidad, al intervenir en la audiencia en rarámuri, el idioma de la comunidad, y exponer las dificultades que enfrentan por culpa de los "chabochi", término que describe a las personas que no forman parte de ese grupo.
"La tranquilidad nos la han arrebatado" los "chabochi", agregó, al relatar la invasión a sus tierras. "Se han metido a nuestro territorio", añadió, por lo que "tenemos miedo de caminar" en las zonas que, desde hace más de 500 años, pertenecen a la comunidad.
Machado y otros representantes de los tarahumaras acusaron que los invasores roban ganado y madera, queman viviendas y ejecutan otros actos de hostigamiento, violan sus derechos humanos e irrespetan sus tradiciones culturales.
La Corte detalló que las medidas provisionales "son fundamentales en el respeto a los derechos humanos en América Latina y el Caribe", por lo que son dispuestas "en casos de extrema gravedad y urgencia, y cuando se haga necesario evitar daños irreparables a las personas", por lo que "en muchas ocasiones" pueden salvar la vida de una persona o de un colectivo al cuál se le están amenazando la garantía de los derechos humanos.
Drogas
Como expositor de la comunidad, el mexicano Gabino Gómez, de la CEDEHM, planteó en la audiencia que uno de los orígenes del conflicto es la localización geográfica de Choréachi, por estar en el norte de México, en un área fronteriza con Estados Unidos y en lo que se le conoce como Triángulo Dorado, donde convergen parte de las sierras de los estados de Chihuahua, Sinaloa y Durango.
Su ubicación y sus condiciones "son propicias para la siembra" y el tráfico de estupefacientes, en una zona montañosa "de difícil acceso" y cercana al límite con EU, por lo que "es un lugar privilegiado para las bandas del crimen organizado", aseguró.
"La violencia en la sierra Tarahumara ha persistido en el tiempo", con aumento de homicidios dolosos, desplazamientos forzados, secuestros, reclutamiento obligado de niños y jóvenes, aseveró.
Frente a estos problemas, hay una "respuesta fallida" del Estado mexicano, con una "militarización" que causó un incremento de las violaciones a los derechos humanos y en un estado que, como Chihuahua, tiene cinco de los municipios más violentos del país, entre los que está el de Guadalupe y Calvo, que alberga a la comunidad Choréachi, indicó.
La delegación del gobierno del estado de Chihuahua detalló en su defensa una serie de acciones que adoptó para acatar unas medidas provisionales que la Corte dictó el 10 de junio de 2020. Un primer fallo con medidas provisionales fue emitido el 25 de marzo de 2017 por la Corte.
La comitiva del gobierno federal alegó que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, programó y ejecutó gran cantidad de acciones para combatir la discriminación en contra de los indígenas mexicanos y adujo que las políticas buscan acabar con las prácticas de marginación del pasado y fomentar la salud y la educación para la prosperidad socioeconómica.
La Corte, con sede en Costa Rica, instancia autónoma de la Organización de Estados Americanos (OEA) y máximo foro de defensa de los derechos en el hemisferio occidental, informó que desde 2013 hasta el presente, la comunidad Choréachi enfrenta "graves hechos de agresiones, hostigamientos y amenazas".
El conflicto se registró "en un contexto en el cual sostiene una disputa legal del territorio con otra comunidad, y se alega además la presencia de grupos criminales con intereses en el uso de la tierra y vinculados al narcotráfico", añadió.
La comunidad está ubicada en el municipio de Guadalupe y Calvo y está integrada por rarámuri o tarahumaras, "contando con una población aproximada de 800 hombres y mujeres, de los cuales aproximadamente 250 son niños y niñas", precisó el tribunal.
En la resolución de junio de 2020, la Corte pidió al Estado mexicano, como representante del gobierno de Chihuahua, proteger de manera efectiva los derechos a la vida y a la integridad personal de la comunidad Choréachi.
También le solicitó implementar "de manera inmediata, todas aquellas otras acciones que se consideren adecuadas para tales fines, para lo cual deberá observar criterios de pertinencia cultural y efectuar las coordinaciones necesarias con las diversas autoridades competentes en materias de seguridad y justicia".
Requerir al Estado mexicano que "continúe realizando" las gestiones para que las medidas de protección ordenadas "se planifiquen e implementen con la participación de los beneficiarios o sus representantes", instó.
En la audiencia, que verificó el cumplimiento de las medidas de protección y se realizó en español y en rarámuri con traducción en ambos idiomas, participó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), otra instancia autónoma de la OEA y con base en Washington. La CIDH acompaña a la comunidad en el proceso.
La mexicana Giovanna Lucero, de la Secretaría General del gobierno de Chihuahua, explicó en la teleconferencia que existe una variedad de programas de ese estado "para la promoción del desarrollo integral de la comunidad indígena", con el objetivo de "reducir las brechas del desarrollo humano" y citó la ayuda a la infancia y a las embarazadas.
La mexicana María Guerrero, de la Comisión Estatal de los Pueblos Indígenas del gobierno de Chihuahua, mencionó que, por ejemplo, las autoridades de ese estado desplegaron labores para enfrentar la recurrente sequía en la sierra Tarahumara, con respaldo a las cosechas, consultas médicas, programas de lactancia materna y ataque a la desnutrición, entre otras iniciativas.
La Corte deberá pronunciarse sobre el proceso de cumplimiento de las medidas.
