Distintas organizaciones sociales pidieron este jueves a la Corte Penal Internacional (CPI) que investigue y juzgue al presidente de Chile, Sebastián Piñera, por crímenes de lesa humanidad durante las masivas manifestaciones de 2019, que dejaron una treintena de muertos y miles de heridos.
De acuerdo al escrito al que tuvo acceso Efe, los actos que se denuncian fueron "ejecutados en el contexto de un ataque generalizado o sistemático contra la población civil y con conocimiento", lo que los hace, por tanto, "constitutivos de crímenes de lesa humanidad".
El recurso, que también señala a los colaboradores "civiles y militares" de Piñera, fue enviado a La Haya (Países Bajos) por el exjuez español Baltasar Garzón, la Comisión Chilena de Derechos Humanos (CHDH), la Asociación Americana de Juristas (AAJ) y el Centro di Ricerca ed Elaborazione per la Democrazia (CRED).
Chile vivió a finales de 2019 la crisis social más grave desde el fin de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), que empezó como una protesta contra el alza en el precio del tiquete de metro y se convirtió en una revuelta por un modelo económico más justo y más derechos sociales.
Las revueltas dejaron episodios de violencia extrema con incendios, saqueos y destrucción de mobiliario público que llevaron a la Fiscalía a abrir más de 5,000 causas por delitos cometidos en las marchas, además de señalamientos por parte de distintos organismos como la ONU y Amnistía Internacional (AI) contra las fuerzas de seguridad por violaciones a los derechos humanos.
'DEMORAS INJUSTIFICADAS'
Según los denunciantes, los crímenes cometidos durante el denominado estallido social son "fraudulentamente" calificados en Chile como delitos comunes "con el deliberado propósito, en primer lugar, de sustraerlos de la jurisdicción de la CPI y, en segundo lugar, para preparar las condiciones que permitirían favorecer su posterior impunidad".
La investigación de los abusos, agregó el texto, ha sufrido "demoras injustificadas" y las actuaciones tanto del Ministerio Público como del Órgano Judicial "no revisten la necesaria independencia e imparcialidad y el debido respeto por el principio de igualdad ante la ley".
