Caso involucra a fraude en construcción de vivienda. (SERGIO A. RODRÍGUEZ)
Un proceso judicial por el delito de fraude lleva siete años sin que la sentencia emitida por el Juzgado Penal cause ejecutoria.
Esto fue denunciado por Guadalupe Martínez Maltos, presidente del Partido del Trabajo (PT) en ciudad Frontera.
La dirigente política explicó que hace siete años una arquitecta vendió algunos particulares una vivienda de la colonia San Salvador; pero el inmueble no era de su propiedad y los dueños ignoraban lo que pasaba con su patrimonio.
La construcción la vendió al matrimonio formado por Teresa y Juan, a través de Jorge Luis “N”, pero después de recibir el dinero de la negociación se descubrió que era un fraude, dijo Martínez Maltos.
Agregó que los afectados presentaron una denuncia ante la Fiscalía General del Estado que llegó hasta el Juzgado Penal, donde se dictó una sentencia condenatoria por el fraude y reparación del daño.
Sin embargo la defensa de la parte acusada ha promovido toda clases recursos y amparos, sin que el Ministerio Público impugne para eliminarlos y obligar a los acusados a devolver el dinero obtenido por el fraude.
Sostuvo que ya son siete años del proceso judicial, y consideró que es demasiado tiempo para un juicio. La justicia, sostuvo, debe ser rápida y expedita, y las autoridades no están permitiendo esto con el matrimonio afectado, concluyó.