Aispuro destaca que es la entidad del país que tiene las mejores condiciones para generar energía fotovoltáica. (ARCHIVO)
El gobernador de Durango, José Rosas Aispuro Torres, mencionó que sí existe un riesgo de afectación de inversiones que se tienen proyectadas en materia de energía en el estado de Durango ante el análisis de la Reforma Eléctrica, afectación que sería una realidad de convertirse en ley.
"Sí hay riesgo en cuanto a la Reforma Eléctrica puesto que Durango es la entidad del país que tiene las mejores condiciones para generar energía fotovoltaica", dijo Aispuro.
Mencionó que en La Laguna y en todo el Estado hay proyectos en esta materia que están pendientes y que representan más mil millones de dólares por lo que los inversionistas están esperando los términos en los que se dé la Reforma.
"Sí nos afectaría porque estos proyectos generan desarrollo económico, empleo y desde luego que generan las condiciones para que tengamos la energía suficiente, ya que hay regiones donde ya no se cuenta con la energía necesaria", dijo el mandatario, lo que es necesario para que exista desarrollo.
"Una buena noticia que vemos es que se aplazó para abril y ahí hay la oportunidad de que se pueda seguir dialogando y creo que en este diálogo estoy seguro de que muchas de las cuestiones que hoy le preocupa no solo los empresarios sino a la sociedad en general se van a tomar en cuenta", acotó.
Según la calificadora de riesgo crediticio Fitch Ratings de volverse ley la actual iniciativa de Reforma Eléctrica desalentaría futuras inversiones.
“La propuesta podría debilitar aún más el Estado de derecho en México y desalentar futuras inversiones privadas en el sector. Los inversionistas extranjeros de países con tratados bilaterales de inversión y acuerdos de libre comercio podrían impugnar la ley en los tribunales de arbitraje internacional, en un esfuerzo por proteger sus inversiones y recibir una compensación monetaria”, público Fitch Ratings.
La calificadora aseguró: “Actualmente, aproximadamente el 60 por ciento de la electricidad del país proviene de empresas de generación privadas, principalmente a través de instalaciones eficientes a gas y fuentes de energía renovables. Según la nueva propuesta, la generación privada de energía se limitaría al 46 por ciento de la carga del país y debe venderse solo a la CFE a través de contratos bilaterales”.
Lo publicado por Fitch es congruente en su análisis que previamente hizo la firma de riesgo Moody’s sobre la misma iniciativa que se ha planteado para discusión hasta el próximo año.
