Luisa Ortega pidió al entonces procurador, Raúl Cervantes, indagar uso de “mecanismos corruptos”. (ARCHIVO)
La justicia de México ha quedado a deber en un caso más de corrupción internacional. En esta ocasión se trata del esquema de venta de alimento a sobreprecios para Venezuela, en el que se encuentra involucrado el empresario colombiano Alex Saab, quien es cercano al presidente Nicolás Maduro.
Según el diario Reforma, Alex Saab, quien fue extraditado a Estados Unidos el 16 de octubre para enfrentarse a acusaciones por lavado de dinero por los mismos hechos, obtuvo despensas en distintos países, entre ellos México, directamente o por medio de subsidiarias. Sin embargo, en 2018, el Gobierno de México llegó a un acuerdo reparatorio con socios del empresario.
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Las autoridades explican que está relacionada con las acusaciones presentadas por la cartera de Justicia estadounidenseEl periodista Gerardo Reyes conoce bien a Saab. Desde 2017, cuando el colombiano lo demandó a él y a Univisión por difamación, Reyes comenzó a recabar información del empresario para defenderse. Habló con más de 122 personas sobre él, de modo que cuando la demanda en su contra fue retirada, escribió el libro “Alex Saab. La verdad sobre el empresario que se hizo multimillonario a la sombra de Nicolás Maduro”, que se publicó a inicios de año en Colombia y será relanzado a nivel mundial.
Reyes auguró que si el caso contra Saab llega a juicio en Estados Unidos, México va a aparecer como un escenario central.
“Saab encontró en México el refugio ideal para hacer estas fechorías con la complicidad tanto del sector privado como de altos funcionarios del sector público”, consideró.
En su libro explica que para la estafa -a través de la venta de cajas con despensas a un sobreprecio del 112 por ciento con leche en polvo que no era leche y solo enfermaba a los niños-, Saab y su socio Álvaro Pulido incorporaron sociedades en Hong Kong, Inglaterra, Turquía, Panamá, Colombia y México.
En la cúspide estaba Group Grand Limited (GGL), creada en 2013 en Hong Kong, la cual, cuatro años después, tendría una filial en Polanco, en la Ciudad de México.
Según relata Gerardo Reyes, la fiscal venezolana Luisa Ortega pidió en 2017 al entonces Procurador General de México, Raúl Cervantes, indagar el uso de “mecanismos corruptos” para insertar “dinero corrupto” en el sistema financiero de México por parte de GGL, y citó como accionista a un supuesto familiar directo de Saab.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) pasó su investigación a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) y el 18 de octubre de 2018, en los últimos meses de la Administración de Enrique Peña Nieto, el subprocurador Alonso Israel Lira Salas anunció que se había llegado a un acuerdo reparatorio con las empresas que vendieron los productos a los intermediarios del Gobierno Venezolano, el cual incluía la entrega de 3 millones de dólares a la ONU, aunque las operaciones detectadas eran de más 156 millones de dólares.
El actual titular de la UIF, Santiago Nieto, le dijo a Gerardo Reyes que esas investigaciones habían sido ilegales y que había denunciado ante la Fiscalía Anticorrupción a los funcionarios que participaron en el acuerdo reparatorio, entre ellos, dos funcionarios de la UIF, cuatro del Ministerio Público y sus jefes directos e indirectos, hasta llegar al encargado del despacho de la PGR, Alberto Elías Beltrán, unos por acción y otros por omisión.
“Lo que me dijo Nieto es que él pidió que se abrieran investigaciones penales, pero se sentía un poco frustrado porque la (hoy) Fiscalía no ha judicializado su denuncia, la Fiscalía Anticorrupción”, detalló Reyes durante la entrevista.
“Es preocupante que el funcionario más alto en investigar el lavado de dinero esté indignado por la manera en que se manejó la investigación”.
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Saab había sido incorporado por el chavismo como miembro en el diálogo.
