El presidente brasileño, Jair Bolsonaro, subió el tono este martes y pidió el apoyo de la 'presión popular', después de que la Justicia electoral decidió investigar sus amenazas a los comicios de 2022 si no se acepta reimplantar el voto impreso. (ARCHIVO)
El presidente brasileño, Jair Bolsonaro, subió el tono este martes y pidió el apoyo de la "presión popular", después de que la Justicia electoral decidió investigar sus amenazas a los comicios de 2022 si no se acepta reimplantar el voto impreso.
La cruzada desatada por el líder de la ultraderecha contra las urnas electrónicas que Brasil adoptó en 1996 llegó a un punto de conflicto la víspera, cuando el Tribunal Superior Electoral (TSE) reaccionó y abrió dos posibles vías de investigación sobre la conducta del mandatario, que llegó a considerar "antidemocrática".
El presidente del TSE, Luis Barroso, también miembro de la Corte Suprema, solicitó a ese máximo tribunal que incluya a Bolsonaro en una investigación sobre difusión de noticias falsas y "ataques" a las instituciones democráticas, y abrió un proceso "administrativo" en la Justicia electoral por sus "amenazas" a los comicios.
En las últimas semanas, Bolsonaro llegó a decir que si en 2022 no se reimplanta el voto por papeletas "no habrá elecciones", y hasta sugirió que el propio Barroso "conspira" para consumar un "fraude" en favor del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, quien encabeza todas las encuestas cuando faltan 14 meses para los comicios.
UN POSIBLE DELITO PENAL Y EL RIESGO DE UNA CANDIDATURA IMPUGNADA
Según fuentes judiciales consultadas por Efe, si la Corte Suprema acepta incluir a Bolsonaro en la investigación sobre "fake news", el mandatario pudiera responder a un proceso penal que pondría en juego su permanencia en el cargo.
Por otro lado, el proceso administrativo abierto por el TSE puede llevar a que su eventual candidatura sea vetada por ese organismo o impugnada por la oposición, con sus "amenazas" al proceso electoral como principal argumento.
La pieza fundamental en ambos casos será una declaración que el mandatario hizo por sus redes sociales el pasado jueves, que además retransmitió la televisión estatal, en la que reiteró, sin prueba alguna, su convicción de que las urnas electrónicas han propiciado fraudes en todas las elecciones, incluidas las que él ganó en 2018.
Bolsonaro también ha afirmado que, sin voto impreso, Brasil irá por el mismo rumbo que Argentina y Venezuela, países que, según su opinión, se han entregado al "comunismo", un fantasma que ha vuelto a agitar desde que su popularidad comenzó a caer en picada en medio de la pandemia que COVID-19, que ya mató a casi 560, 000 brasileños.
'PRESIÓN POPULAR' FRENTE A LA JUSTICIA Y LAS DUDAS DEL CONGRESO
Con la investigación en el TSE ya encaminada y a la espera de la decisión del Supremo sobre su inclusión en el caso de las noticias falsas, Bolsonaro reaccionó este martes y avisó al Poder Judicial que no aceptará "intimidaciones".
Afirmó que el juez Barroso "le presta un flaco servicio a la nación" y "pretende imponer su voluntad" frente al "clamor del pueblo", al que incluso convocó a manifestarse en las calles.
"Si el pueblo quiere, y le debo lealtad al pueblo, haremos una gran concentración" en Sao Paulo "para darle un último recado a los que osan azotar la democracia" y rechazan el voto impreso, declaró frente a un pequeño grupo de seguidores.
"Repito, será el último recado", agregó Bolsonaro, quien en otras ocasiones ha sugerido que el "pueblo" y hasta las Fuerzas Armadas podrían "sublevarse" frente a quienes se oponen al voto "auditable", que en su opinión solamente encarnan las papeletas.
Toda esa cuestión, a pesar del conflicto suscitado por Bolsonaro, está en manos del Congreso, que debe pronunciarse sobre una enmienda constitucional propuesta por el Gobierno, la cual plantea que, para 2022, el voto digitado en forma electrónica sea también impreso y depositado en urnas que luego permitan un recuento manual paralelo.
La propuesta está en trámite en una comisión de la Cámara baja, que el próximo jueves pudiera archivarla definitivamente, pues ya once partidos, incluidos algunos de la propia base bolsonarista, se plantaron en contra, por el hecho de que nunca, desde 1996, se han comprobado fraudes con las urnas electrónicas.
