Esto implica un problema en la cuestión fiscal, donde hay muchas dudas en cuanto a cuál proveedor se le necesita pedir registro y a cuál no, qué facturas valen y las que no, cuál es la declaración fiscal real.
Las empresas se han puesto al corriente en la regularización de cualquier detalle relativo a la subcontratación, rumbo a la aplicación de la reforma en esta materia, que arrancaría a partir de septiembre con la reciente prórroga alcanzada. Sin embargo, persisten las dudas e incertidumbre en los temas fiscales, que no han sido aclarados debidamente por parte del Gobierno federal, además del retraso en el registro de prestadores de servicios especializados.
Carlos González Silva, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), explicó que el outsourcing como tal no es lo complicado en cuanto a que las empresas sean responsables de sus propios trabajadores, sin embargo, el tema de servicios especializados sigue siendo un punto pendiente de resolver.
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El Senado aprobó la medida sin permitir el debate entre los legisladores"Son millones de trámites los que se van a hacer, entonces el problema es que se va a cumplir el plazo de registro y no vemos un avance en el número de registros autorizados", expuso. En una revisión del Registro de Prestadoras de Servicios Especializados u Obras Especializadas (Repse), se observó que hay cerca de 10 mil solicitudes aceptadas.
Esto implica un problema en la cuestión fiscal, donde hay muchas dudas en cuanto a cuál proveedor se le necesita pedir registro y a cuál no, qué facturas valen y las que no, cuál es la declaración fiscal real.
Recordó que a partir del primero de agosto se pueden contratar los servicios especializados que no estén dentro del objeto social y cadena de valor de la empresa, pero el proveedor debe tener un registro o las facturas no valen.
"El tema es fiscal, está complicado porque vamos a llegar al primero de enero y vamos a ver cuáles proveedores tienen y cuáles no, entonces habrá que buscar proveedores y los que ya lo lograron hacer darán más caro el servicio, entonces habrá una escalada de precios", indicó.
González Silva recordó que existe el "de facto" en las leyes, que se aplica cuando el Gobierno no responde un trámite en 30 días, se autoriza de facto, pero en esta reforma se indica que, si no se autoriza en 30 días el trámite, debe volverse a registrar, y en una segunda ocasión ya se autorizaría de facto, lo que significaría un periodo de más de 60 días.
Guillermo Martínez Ávila, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) y vocero del Grupo Empresarial de La Laguna (GEL), dijo que, luego de no obtener atención en la representación local de la Secretaría de Hacienda en Torreón, buscaron el acercamiento a nivel nacional y se les ofreció una llamada telefónica donde las cámaras pudieron preguntar algunas de sus dudas.
Dijo que la mayoría de las dudas giran alrededor del Repse, especialmente en el área de la construcción. En lo que corresponde al gremio restaurantero, consideró que, mientras se cuente con claridad en el acta constitutiva sobre su objeto social, el giro de alimentos, que es su actividad económica preponderante, no tendrían problema.
