De no ajustarse los artículos transitorios de la reforma que modifica el esquema de subcontratación o outsourcing, aproximadamente 3.1 millones de trabajadores quedarán 'en el limbo y en estado de indefensión', advirtió la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex). (ARCHIVO)
De no ajustarse los artículos transitorios de la reforma que modifica el esquema de subcontratación o outsourcing, aproximadamente 3.1 millones de trabajadores quedarán "en el limbo y en estado de indefensión", advirtió la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).
El problema es que de las 400 mil empresas que ofrecen servicios de subcontratación, 387 mil 500 no han logrado registrarse en el padrón o Registro de las Personas Físicas y Empresas que presten servicios o ejecuten obras especializadas, por el cual obtendrán la Constancia de Aviso de Registro.
Hasta el 24 de junio, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social contabilizó medio millón de trabajadores que se trasladaron a las plantillas de las empresas que antes los subcontrataban. Para esa misma fecha solamente 8 mil empresas solicitaron el registro de inscripción al Registro, pero de la cuarta semana de junio a la segunda de julio se sumaron 4 mil 500 más.
La Coparmex, que preside José Medina Mora, expuso que las empresas intentan ajustarse a la reforma, pero "el proceso de regularización ha resultado complejo ante los plazos tan reducidos que para tal efecto otorgó la autoridad al sector privado, donde claramente existe un trato discriminatorio en comparación a las entidades de gobierno a quienes se les dio como concesión un plazo al primero de enero de 2022".
Por ello, diversas empresas solicitaron amparos para que el Poder Judicial les diera suspensiones provisionales, misma que les otorgó por considerar que las disposiciones en materia de outsourcing son violatorias a los artículos primero y cuarto constitucionales, porque para el sector privado el plazo se termina antes que para la autoridad.
"Bajo esa tesitura, hacemos un llamado a la autoridad laboral y al Poder Legislativo a fin de homologar los plazos otorgados a la iniciativa privada al 1 de enero de 2022, con la finalidad de estar en posibilidad por parte de las empresas para llevar a cabo la transición con sus empleados y contratos de servicios especializados con sus proveedores y así cumplir cabalmente con la normatividad vigente".
Por lo que el sindicato patronal pidió al senador Ricardo Monreal y de la senadora Kenia López Rabadán la ampliación del plazo al 1 de enero de 2022 "con la finalidad de que tanto el sector público como el sector privado podamos cumplir cabalmente con las medidas contenidas en la reforma aprobada".
