Miscelánea Fiscal viene con mayor carga administrativa y sanciones, señala especialista. (EL SIGLO DE TORREÓN)
El contador público certificado, Octavio García Aymerich, consideró que la Miscelánea Fiscal que se espera en reformas para el 2022 no trae beneficios para el contribuyente, pero sí una mayor carga administrativa y sanciones, incluyendo las de tipo penal.
Señaló que aún se discute el paquete fiscal y la Ley de Ingresos, pues los legisladores han aprovechado para alargar la sesión que iniciaron el día 18 de octubre y darse el tiempo para terminar de discutir la Miscelánea Fiscal. Consideró que el resultado es muy importante, pero básicamente ya se conoce, pues será difícil que el grupo de Morena y sus aliados cedan en la iniciativa que envió el Ejecutivo.
"No esperamos que le hagan grandes cambios y podríamos decir que casi no existen beneficios, en este nuevo paquete, son más los perjuicios en cuanto a cumplimiento de obligaciones que tendrán que hacer los contribuyentes, en desaparición de regímenes especiales, como el del sector del campo para pequeños agricultores, ganaderos, etc., así como el que se cambia el Régimen de Incorporación Fiscal por el denominado Régimen de Confianza", comentó el también consultor en negocios y miembro de la Comisión Fiscal del Colegio de Contadores Públicos de La Laguna.
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El contador público certificado señala que 'no trae beneficios para el contribuyente'En este sentido, explicó que se ha venido manejando que es muy sencillo, pero en realidad, lo único que cambia es la forma de cálculo del Impuesto Sobre la Renta (ISR) y se tendrá que estar pagando el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y, en su caso, el Impuesto Especial sobre Productos y Servicios (IEPS), sin embargo, es necesario contar con una contabilidad formal, así como para determinar la participación de los trabajadores en las utilidades, se tendrán que enfrentar los ingresos acumulables menos las deducciones autorizadas.
García Aymerich indicó que hay otros temas importantes como la pretensión de que los agentes aduanales y los contadores públicos, se conviertan en una especie de ministerio público para que denuncien aquellos actos de que tuvieran "conocimiento" a efecto de que sean conocidos por las autoridades fiscales.
"Podrá resultar en la práctica que, a criterio de la autoridad, el contador público o el agente aduanal debieron conocer de esos hechos, cuando no necesariamente; esto implicaría, inclusive, prisión preventiva para este tipo de profesionistas, viene muy duro en materia de sanciones y la carga administrativa también se eleva para los contribuyentes", explicó.
Adicionalmente, dijo que temas como la limitante en la deducción de donativos afectaría a quienes los otorgan y a quienes los reciben, pues al no existir el incentivo de ser parcialmente deducibles el contribuyente podría pensar más de una vez en otorgarlos, lo que afecta a las organizaciones civiles que, finalmente, vienen a suplir funciones que debería realizar el Estado, en cuanto a cubrir las necesidades de ciertos grupos vulnerables.
