Martha Sepúlveda Campo creyó saber el día y la hora de su muerte. Se convertiría en la primera persona en Colombia en recibir la eutanasia sin estar en la fase terminal de su enfermedad. Sin embargo, el procedimiento fue sorpresivamente cancelado pocas horas antes de efectuarse y su caso revivió un álgido debate en el país sobre el “derecho a la muerte digna” y las barreras de acceso. (ESPECIAL)
Martha Sepúlveda Campo creyó saber el día y la hora de su muerte. Se convertiría en la primera persona en Colombia en recibir la eutanasia sin estar en la fase terminal de su enfermedad. Sin embargo, el procedimiento fue sorpresivamente cancelado pocas horas antes de efectuarse y su caso revivió un álgido debate en el país sobre el “derecho a la muerte digna” y las barreras de acceso.
Sepúlveda, de 51 años, sufre esclerosis lateral amiotrófica o ELA, una enfermedad degenerativa progresiva, la misma que sufrió Stephen Hawking. Cuando restaban 36 horas para su eutanasia recibió una carta de la institución médica que la atiende en la que fue informada de la cancelación del procedimiento que le practicarían el 10 de octubre.
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Un centro médico de Medellín indicó que no se cumple con el criterio de terminalidad como se había considerado“Jugaron con la decisión más trascendental en la vida de una persona sin ningún escrúpulo”, dijo a The Associated Press Camila Jaramillo, abogada de Sepúlveda.
La eutanasia en Colombia fue despenalizada en 1997 cuando la Corte Constitucional amparó el “derecho a morir dignamente” a los enfermos terminales que voluntariamente la solicitaran. Sin embargo, en julio de 2021 este alto tribunal emitió un fallo histórico que permite la eutanasia a personas que padezcan un intenso sufrimiento físico o psíquico proveniente de lesión corporal o enfermedad grave e incurable sin que esté en fase terminal. Sepúlveda se amparó en el reciente fallo.
En Colombia las autoridades sanitarias consideran que una persona puede ser médicamente calificada como “en estado terminal” cuando su pronóstico de vida es inferior a seis meses. Una vez que el paciente solicita la eutanasia, su caso es analizado por un Comité Científico-Interdisciplinario para el Derecho a Morir con Dignidad conformado por un médico con la especialidad de la patología que padece el paciente, un abogado y un psiquiatra o psicólogo clínico.
La abogada defensora y miembro de DescLAB, una organización que brinda asesoría jurídica a personas que eligen la eutanasia, asegura que el caso muestra las barreras que aún existen para acceder al derecho pese a que hay un fallo en firme. “Hay irregularidades con respecto al caso”, advierte, porque el comité científico interdisciplinario que debe dar la autorización hizo una segunda evaluación “sin autorización” de la paciente.
El Instituto Colombiano del Dolor (Incodol) explicó en un comunicado que la decisión fue tomada después de un “concepto actualizado del estado de salud y evolución del paciente” por el cual se definió que no "cumple con el criterio de terminalidad como se había considerado en el primer comité”.
Según DesLAB, la institución vulneró el derecho fundamental a la muerte y vida digna de Martha y "desconoció la protección a la dignidad humana, instrumentalizándola y obligándola a extender su sufrimiento de manera ilegal e ilegítima”, indicó el sábado en un comunicado.
El caso de Sepúlveda ha desencadenado un debate jurídico, médico y ético difícil de zanjar.
Néstor Osuna, doctor en Derecho Constitucional, dijo a la AP que cualquier orden de revocatoria o dilación de quien tenga a su cargo garantizar ese derecho incurre en un desacato a una sentencia de la Corte Constitucional.
“Las consecuencias de un desacato son penales: se abre un proceso por desacato y eso puede conducir a enjuiciarlo y eventualmente a condenarlo a pena de cárcel y multa”, explicó Osuna.
La defensa de Sepúlveda instaurará una acción de tutela ante un juez, un mecanismo jurídico para exigir la protección de derechos. “Lo que va a pasar es que la eutanasia se va a dar tarde o temprano, una vía es que un juez de tutela la autorice”, aseguró Jaramillo, sin embargo, añadió que la paciente está en un estado de incertidumbre que ha afectado su tranquilidad.
En una consulta médica realizada el pasado miércoles “la neuróloga dijo que ella depende (de otras personas) para hacer todas sus actividades y le quitó todos los medicamentos porque se iba a morir el domingo”, indicó Jaramillo.
Dentro del gremio médico hay divisiones con respecto a la eutanasia, pues a ellos les corresponde realizar el procedimiento, aunque pueden acudir a la objeción de conciencia.
“Para uno como médico individual es muy difícil tomar una decisión, por eso tiene que soportarse en un comité de ética con expertos en bioética, psicólogos y especialistas en la enfermedad”, dijo a la AP Oswaldo Borráez, presidente del Tribunal de Ética Médica y del Colegio Médico de Bogotá.
Borráez cree que el fallo de la corte está bien orientado para permitirles acceder a la eutanasia a una parte de los pacientes que sufren traumas severos aunque no estén en fase terminal, pero también admite que “los médicos estamos entre entre los jueces y entre los pacientes en determinado momento, como es este caso específicamente”.
Jorge Merchán-Price, especialista en cirugía general, se ha opuesto firmemente a la eutanasia porque considera que no son los médicos los llamados a practicarla, pues su función es preservar la vida. “El hecho de matar a una persona es absolutamente inmoral desde el punto de vista de la moral médica, no estamos hablando de religión”, indicó a la AP.
Su propuesta es quitar dicha responsabilidad a los médicos y dársela, por ejemplo, a los familiares del paciente para que sean ellos quienes pongan la inyección letal, y se notifique el deceso ante un notario. Merchán-Price, advierte que los médicos en contra de la eutanasia son “mayoría” y que algunos son “discriminados” en sus trabajos.
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Será la primer mujer en el país en optar por la eutanasia sin padecer una enfermedad terminalLa Corte hizo un nuevo llamado al Congreso para regular la eutanasia en Colombia, un paso que el Legislativo no ha dado en 24 años pese a que ha discutido una decena de proyectos.
Desde 2015, año en que inició el registro oficial, y 2020 se han realizado 92 procedimientos de eutanasia en el país, la mayoría a pacientes oncológicos, según datos oficiales. Sin embargo, no se conoce el número de solicitudes que han sido rechazadas.
