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Familiares identifican objetos personales de yaquis desaparecidos en fosas clandestinas de Sonora

Pobladores fueron por un grupo de hombres armados

Pobladores fueron por un grupo de hombres armados. (EFE)

Pobladores fueron por un grupo de hombres armados. (EFE)

EFE

Familiares de 10 indígenas de la tribu yaqui desaparecidos desde hace más de dos meses, identificaron este miércoles objetos personales de sus parientes entre los hallazgos en fosas clandestinas que ubicó la Fiscalía General del Estado de Sonora, noroeste de México.

Los objetos, presuntamente de las víctimas, fueron encontrados entre restos óseos que la fiscalía halló en fosas clandestinas en el rancho Chichiquelites, en el municipio de Cajeme, donde agentes enfrentaron a sicarios, dejando a dos sospechosos abatidos el pasado lunes.

Familiares de los desaparecidos asistieron a las instalaciones de la Fiscalía de Sonora en Hermosillo para solicitarle a la titular, Claudia Indira Contreras, una audiencia sobre el avance de las investigaciones en la búsqueda de los diez hombres que fueron desaparecidos en el pueblo Loma de Bácum el 14 de junio y del hallazgo de restos óseos reportados el pasado lunes.

En la reunión se les informó que luego de 65 días de búsqueda en el operativo del lunes se localizaron los restos óseos de seis cuerpos, así como tres armas pertenecientes a la Guardia Tradicional de la etnia yaqui dos vehículos propiedad de los desaparecidos.

La fiscal reconoció que entre las líneas de investigación de la Agencia Ministerial está el decomiso de media tonelada de metanfetamina que logró la Secretaría de la Defensa Nacional, los días previos a la desaparición forzada de los indígenas Yaquis.

En tanto, las familias de la tribu solicitaron tener acceso a las prendas encontradas en el lugar, las cuales de inmediato fueron identificadas como pertenencias de las víctimas como prendas de vestir, cintos, hebillas, cuerdas y pulseras de hilo en color rojo.

En conferencia, la fiscal expuso que aún cuando los denunciantes identificaron las prendas de los desaparecidos, la dependencia esperará hasta el próximo sábado los resultados de las pruebas de ADN para "dar certeza científica de que efectivamente se trate de los integrantes de la etnia".

"El análisis forense desprendió que las extremidades superiores o cráneos, no presentan impacto balístico, por lo que se descarta que les haya dado el tiro de gracia, o fusilamiento, como erróneamente se manejó, la probable causa de muerte se conocerá una vez que concluyan los peritajes médicos", señaló la fiscal.

Detalló que desde el pasado domingo, agentes de la Fiscalía de Sonora fueron agredidos por un grupo de hombres armados mientras realizaban la búsqueda en las inmediaciones del cerro del Chichiquelite y aseguró que los dos agresores resultaron abatidos y están en proceso de identificación.

EL CASO

El 14 de julio, el Ejército mexicano y la Guardia Nacional aseguraron media tonelada de metanfetamina, además de precursores químicos en las inmediaciones de la comunidad Loma de Bácum, territorio yaqui, y casi de manera simultánea ocurrió la desaparición de siete indígenas y tres trabajadores de ranchos en la región.

El próximo 28 de septiembre, el presidente Andrés Manuel López Obrador visitará a las autoridades indígenas para firmar oficialmente el Plan de Justicia para el Pueblo Yaqui.

El plan busca dignificar la vida en las comunidades indígenas con acciones de salud, educación y ordenamiento territorial, a cambio de que se permita la operación de infraestructura pública y privada su territorio.

Según versiones de los familiares, las víctimas salieron a buscar alimentos y bebidas para amenizar las fiestas tradicionales de la Virgen del Carmen que cada año celebran del 14 al 16 de julio en el rancho Bataconcica.

Pero de acuerdo con su testimonio, a su regreso los yaquis fueron sorprendidos por un grupo de hombres armados, que los subieron por la fuerza a sus camionetas, dejaron varios objetos personales y todo lo que traían tirado como rastro.

Hace tres semanas, autoridades yaquis denunciaron ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) al Gobierno mexicano por su presunta complicidad con grupos de la delincuencia organizada en la desaparición de 10 miembros de la comunidad.

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