“Tiene que hacerse un estudio”, pidió el fiscal de Coahuila, Gerardo Márquez, sobre los casos específicos que podrían darse en la entidad respecto a la posible liberación de presos mediante la iniciativa de amnistía que propone el presidente Andrés Manuel López Obrador. (FERNANDO COMPEÁN)
“Tiene que hacerse un estudio”, pidió el fiscal de Coahuila, Gerardo Márquez, sobre los casos específicos que podrían darse en la entidad respecto a la posible liberación de presos mediante la iniciativa de amnistía que propone el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Cuestionado hoy martes por El Siglo de Torreón durante, el fiscal señaló que cada uno de los casos deberán de ser analizados con detalle para evitar generar un impacto negativo en el entorno de la sociedad en donde ocurrirían esos casos.
“Hay que hacer algunas precisiones, hubo alguna iniciativa de ley también, de amnistía hace algunos años o cuando inicia la pandemia, no obstante que la amnistía ya existe en nuestros códigos penales, ahora el tema de hacer una liberación en este sentido tampoco es necesaria una iniciativa porque estas figuras ya se encuentran en el Código Penal Federal y bueno, el impacto pues evidentemente tiene que hacerse un estudio muy ‘concienzudo’ de cada una de los casos para saber si esto tiene relevancia en la sociedad”.
Márquez advirtió que de no tenerse ese tipo de análisis previos se podrían tener riesgos para el entorno social en general, por lo que llamó a todos los actores involucrados a evaluar las condiciones de cada uno de las personas presas que podrían ser sujetas a la amnistía propuesta por el presidente López Obrador.
“Pues puede haber (riesgos) si estos no se hacen de forma adecuada, estos estudios se tienen que hacer para evaluar la capacidad de ‘resocialización’ de la persona a la que pretende excarcelarse”.
Cabe recordar que la última semana de julio pasado el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció que firmaría un decreto para otorgar amnistía a cientos de presos en el país, se busca aliviar la sobrepoblación en los penales dando libertad o brindando procesos domiciliarios a quienes cumplan una serie de condiciones, especialmente que sean mayores de 75 años de edad, que tengan al menos una década sin sentencia y que no hayan cometido delitos graves.
