El constante flujo de dinero en efectivo hace de las gasolinerías uno de los negocios más redituables en las redes empresariales vinculadas a cárteles del narcotráfico. (ARCHIVO)
El constante flujo de dinero en efectivo hace de las gasolinerías uno de los negocios más redituables en las redes empresariales vinculadas a cárteles del narcotráfico. En México, cuatro entidades encabezan la lista con más estaciones de servicio que han sido abiertas por familiares y testaferros de miembros activos de organizaciones como el Cártel de Sinaloa, Los Zetas, Los Caballeros Templarios y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
De acuerdo con registros de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, son Sinaloa, Tamaulipas, Michoacán y Jalisco los estados donde más narcogasolinerías se han abierto en las últimas dos décadas y que han sido bloqueadas bajo la Ley de Designación de Narcotraficantes de Narcóticos Extranjeros (Ley Kingpin).
El ingreso conlleva la cancelación de la visa, el congelamiento de cuentas y propiedades en Estados Unidos, además la prohibición a empresas estadounidenses de hacer negocios con ellos. Estar en la lista de la OFAC no implica un procedimiento penal, pero tampoco lo excluye.
Por su parte, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), liderada por Santiago Nieto Castillo, dio a conocer en 2019 que su unidad y la OFAC trabajaron en conjunto para la identificación de diversas sociedades mercantiles propiedad de cabecillas del CJNG y otros cárteles, entre ellas, estaciones de servicio, mismas que fueron bloqueadas en ambos países.
En la mira de la UIF están 24 objetivos dedicados a la venta de combustibles al por menor que han sido denunciados por el robo de hidrocarburos, conocido como huachicol. Estas investigaciones han permitido identificar a 52 personas físicas y 37 personas morales involucradas. Las entidades que destacan con más denuncias por este delito son Puebla, Tabasco, Veracruz, Guanajuato, Ciudad de México, San Luis Potosí, Oaxaca y Tamaulipas.
Con reportes de autoridades en México y Estados Unidos, se integró una lista de 98 sociedades mercantiles que han sido señaladas por sus vínculos con organizaciones del tráfico de drogas o robo de hidrocarburos. Entre los propietarios y socios de estos negocios figuran familiares directos de capos, empresarios con relaciones mercantiles abiertamente vinculados con narcos, exgobernadores y destacados políticos en activo.
En entrevista, Daniel F. Cabeza de Vaca Hernández, extitular de la entonces Procuraduría General de la República (PGR), y Ricardo Gluyas Millán, académico y especialista en inteligencia financiera del Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe), revelan por qué son tan redituables las gasolinerías en el lavado de dinero; hablan sobre las diferencias en los sistemas jurídicos de México y Estados Unidos y los desajustes legales a nivel nacional e internacional que han permitido el crecimiento de este delito y en qué acciones deben focalizarse las autoridades para prevenirlo.
Estados del top de narcogasolinerías
En julio de 2012, la OFAC emitió una alerta anunciando el bloqueo de la red corporativa vinculada a Juan José Esparragoza Moreno, alias El Azul, antiguo líder del Cártel de Sinaloa, y a otras 10 personas. Seis de ellas de su círculo más íntimo.
"La acción de hoy, pone el foco en este padrino de los narcóticos mexicanos. Toda su red corporativa que se creó con las ganancias de las drogas ilícitas y está en nuestra mira", declaró Adam J. Szubin, entonces director de la OFAC.
La red empresarial tejida por cercanos a El Azul se encuentra conformada por decenas de empresas que se abrieron para distribuir combustibles al por menor en las zonas más céntricas de Culiacán, Sinaloa. La entidad fiscalizadora estadounidense solamente bloqueó 12 compañías, siete de ellas con el objetivo de distribuir gasolina. Como accionistas figuran hijos, parejas, nueras y parientes políticos.
Las empresas ligadas al Cártel de Sinaloa tienen un patrón en común: una vez boletinadas por la OFAC, cambian la razón social y siguen dando servicio. Tamaulipas es el segundo estado con más narcogasolinerías, en su mayoría vinculadas a Los Zetas. Diez de ellas son propiedad de Juan Manuel Muñoz Luévano, El Mono Muñoz, quien fuera detenido en España, luego en Estados Unidos, y tras llegar a un acuerdo y declararse culpable del delito de lavado de dinero, se convirtió en informante. Sin embargo, las estaciones de gasolina a nombre de su esposa e hijos siguen ofreciendo sus servicios.
Michoacán es la tercera entidad, con Morelia, Lázaro Cárdenas, Uruapan y Apatzingán como los municipios donde se abrieron los establecimientos distribuidores de combustible al servicio de Los Caballeros Templarios, quienes ocupan en su mayoría a testaferros para camuflar sus 15 narcogasolinerías.
En Jalisco hay 13 estaciones de servicio, en su mayoría ligadas al CJNG y al grupo de Los Cuinis. Están en Guadalajara, Zapopan y Tlaquepaque. De la lista salieron cuatro empresas para brindar servicios de distribución de combustibles fundadas por los hijos de Rafael Caro Quintero, pues el pasado 23 de abril, luego de permanecer cerca de ocho años en la "lista negra" de la OFAC, fueron retiradas todas las compañías fundadas por su esposa, hijos y socios, incluyendo las gasolinerías.
Giro rentable para el lavado de dinero
"Los negocios con uso intensivo de dinero en efectivo como hoteles, restaurantes y gasolinerías suelen ser instrumentos para blanquear recursos provenientes de cárteles del narcotráfico. Por ello, este tipo de establecimientos deberían estar en un estrecho control por parte de las autoridades, para evitar que sean utilizadas como vehículo para lavar dinero por parte de estas organizaciones, pues la mayoría de sus transacciones se realiza con efectivo", señala el académico Ricardo Gluyas Millán, del Inacipe.
El especialista indica que a pesar de que hay mecanismos de trazabilidad y una Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, no se contempla la venta al por menor de hidrocarburos como una actividad vulnerable y ni hay una elaboración de una tipología de lavado de dinero específica para este tipo de empresas. Solamente existe en las denunciadas por robo de combustibles.
Agrega que el lavado de activos no es un problema exclusivo de México, sino que tiene brazos a nivel global. Estos requieren respuestas con enfoque trasnacional y las autoridades deben centrar su esfuerzo en ello. Por su parte el extitular de la entonces PGR, Daniel F. Cabeza de Vaca Hernández, señala: "El lavado de dinero a través de gasolinerías es un tema de muchas aristas que tiene que ver con el fenómeno del huachicol, con el contrabando de hidrocarburos, con la corrupción en aduanas, con Pemex mismo, con operaciones de procedencia ilícita, vínculos con el crimen organizado y factureras en estaciones de servicio, hay de todo”.
El exfuncionario indica que antes en el sector gasolinero había mayor control, ya que Petróleos Mexicanos (Pemex) tenía el manejo de las gasolinerías. Pero diversos cambios le restaron poder y se empezó a abrir a esquemas de lavado de dinero, como la venta de combustible robado de ductos y pipas o producto de contrabando, ayudado porque la industria se maneja en efectivo.
Enfatiza que la lista de la OFAC es solamente una investigación financiera, no una criminal, que brinda elementos técnicos, no jurídicos. "En México, con esas listas no se puede procesar a nadie, no se puede condenar a nadie, ni prueba el lavado de dinero", puntualiza Cabeza de Vaca Hernández.
Explica que en el sistema jurídico mexicano hay que probar el origen ilícito de los recursos, por lo que las autoridades judiciales deben hacer la investigación criminal y conseguir elementos para procesar: "Falta la responsabilidad de las personas morales porque basta con que los capos no tengan las empresas a sus nombre para que sea más que difícil quitárselas".
UIF contra el robo de hidrocarburos
Información en poder de El Universal señala que la UIF ha detectado a empresas comercializadoras de hidrocarburos que operan al parecer de manera irregular. Entre ellas, Inmobiliaria Damora-Crane S.A. de C.V., Total México S.A. de C.V., Comercializadora de Lubricantes Industriales de Im, Fletes Lemargo S.A. de C.V. y Vdm Administradora de Franquicias S.A. de C.V.
Además tiene información de objetivos que operan en el estado de Puebla, relacionados con el robo de hidrocarburos. Los montos bloqueados de cuentas bancarias relacionados con robo de hidrocarburos asciende a 131 millones 480 mil 237 pesos.
Para conocer la postura de Pemex sobre esta publicación, se solicitó una entrevista y se enviaron preguntas a su oficina de Comunicación, pero al cierre de esta edición no emitió respuesta alguna. En tanto, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) dijo desconocer si alguna estación de servicio tiene vínculos con organizaciones delictivas. Precisó que la Profeco atiende denuncias de consumidores de eventuales abusos en precios o de sospechas en el despacho de combustible por posible existencia de componentes ajenos instalados en el sistema de medición de bombas. Además realiza visitas de verificación. En caso de negativa de alguna gasolinería a ser verificada, se procede a presentar la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General de la República (FGR), que inicia una carpeta de investigación.
