En la tercera entrega de la cuenta pública 2019, la Auditoría reveló que servidores de la Función Pública se negaron a comparecer ante la Auditoría, y se negaron a entregar un expediente sobre la investigación de presuntas anomalías en el estado patrimonial de un líder sindical.
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) acusó que, en el proceso de elaborar la tercera entrega de informes individuales sobre la revisión de la Cuenta Pública 2019, la Secretaría de la Función Pública (SFP) , a cargo de Irma Eréndida Sandoval mostró "resistencias" en el proceso de fiscalización al no permitir el acceso al equipo auditor a sus instalaciones y archivos. Sin embargo, esto no fue todo.
En la tercera entrega de la cuenta pública 2019, la Auditoría reveló que servidores de la Función Pública se negaron a comparecer ante la Auditoría, y se negaron a entregar un expediente sobre la investigación de presuntas anomalías en el estado patrimonial de un líder sindical, argumentando que no contaba con dicha información.
"Durante la auditoría, la SFP mostró resistencias al proceso de fiscalización, al no permitir el acceso al equipo auditor a sus instalaciones y archivos, y sus servidores públicos se negaron a comparecer ante la ASF; siendo destacable la negativa a entregar la información del expediente de investigación integrado por presuntas anomalías e incongruencias en el estado patrimonial de un líder sindical, argumentando que no contaba con dicha información".
"Asimismo, impidió que el equipo auditor realizara entrevistas complementarias, argumentando la suspensión de labores provocada por la emergencia sanitaria de la pandemia por COVID-19, no obstante que las actividades de revisión que la SFP llevó a cabo durante el periodo de tiempo señalado mantuvieron continuidad, en correspondencia y aplicación de los Acuerdos publicados en el DOF durante el ejercicio fiscal 2020", indica el documento.
Debido a estos hechos, la Auditoría Superior de la Federación concluyó que la posición adoptada por la SFP durante el proceso de fiscalización de la cuenta pública 2019 fue "incongruente" con la estricta aplicación de los principios de transparencia, rendición de cuentas, y combate a la corrupción y a la impunidad que, indicó, la propia dependencia federal dice impulsar.
ALTO COSTO
Según los cálculos de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) durante su fiscalización de la Cuenta Pública de 2019, el costo total de la cancelación del proyecto de inversión del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM) será de al menos 331 mil 996 millones 517.6 de pesos.
Dicho monto que se desglosa en 163 mil 540 millones 720.5 de pesos, es decir, el 49.3 % por gastos ya erogados a 2019, lo cual incluye los costos no recuperables de la inversión ejercida en los años de 2014 a 2018, por la cifra de 70 mil 497 millones 352.1 pesos y de la terminación anticipada de los contratos y convenios de obra, adquisiciones y servicios una suma de siete mil 629 millones 862.8 de pesos.
Con respecto a los costos derivados del esquema de financiamiento para la construcción del proyecto, relativos a la recompra del 30 % de los bonos emitidos, se trata de un monto de 50 mil 887 millones 785.8 pesos y lo correspondiente a la liquidación de certificados bursátiles de la Fibra-E es por 34 mil 27 millones 215.6 de pesos, además de los costos legales derivados de la cancelación del proyecto, de 498 millones 504.2 de pesos.
