Para el presidente argentino, esos préstamos buscaron 'favorecer a Macri en la reelección'. (ARCHIVO)
El presidente de Argentina, Alberto Fernández, anunció que instruyó a las autoridades para que presenten una denuncia por una posible "administración fraudulenta" de los préstamos por unos 44,000 millones de dólares que el FMI otorgó a su país durante el Gobierno de Mauricio Macri (2015-2019).
"He instruido a las autoridades pertinentes para que formalmente inicien querella criminal tendiente a determinar quienes han sido los autores y partícipes de la mayor administración fraudulenta y de la mayor malversación de caudales que nuestra memoria registra", dijo Fernández en su discurso de apertura de las sesiones ordinarias del Parlamento.
En 2018 el FMI firmó con el Gobierno de Macri un acuerdo de auxilio financiero por unos 55,000 millones de dólares, de los que finalmente se desembolsaron unos 44,000 millones.
Para el presidente argentino, esos préstamos, otorgados cuando el país atravesaba una fuerte inestabilidad financiera, buscaron "favorecer al presidente Macri en la búsqueda de su reelección" en los comicios de 2019, en los que Fernández triunfó ante el candidato conservador.
Asimismo, apuntó que el crédito más grande de la historia del FMI "solo ha posibilitado la más asombrosa fuga de divisas" de la historia argentina.
"Tanta mala fe de los tomadores del crédito y tanto desdén de funcionarios políticos de un organismo multilateral por privilegiar a un gobierno en la coyuntura, no puede ser visto como un caso más", aseveró.
INVESTIGACIÓN
Tras el anuncio de Fernández, el Banco Central de Argentina pidió a la Sindicatura General de la Nación (órgano de control de la Administración pública) y a la Oficina Anticorrupción la realización de una auditoría de la documentación relativa al acuerdo de 2018 con el FMI para evaluar las "responsabilidades" en los funcionarios que actuaron en la firma de ese pacto y determinar la eventual "existencia de perjuicio para el patrimonio público".
La autoridad monetaria remitió además a ambos organismos un informe que elaboró hace un año y en el que concluye que entre mayo de 2018 y octubre 2019, del total pautado con el FMI, "llegaron a desembolsarse cerca de 44,500 millones dólares", fondos que, "junto a las reservas internacionales, abastecieron una fuga de capitales del sector privado, que alcanzó los 45,100 millones de dólares".
NEGOCIACIONES
Fernández dijo que las negociaciones abiertas el año pasado con el FMI para refinanciar el pago de los créditos pactados en 2018 siguen su curso, pero sin prisas.
"No queremos apresurarnos. Apuro por acordar tienen los pícaros de siempre. Nuestro gobierno el único apuro que tiene es el de poner de pie a la producción y al trabajo para poder mejorar la situación de millones de familias argentinas que han quedado sumidas en el pozo de la pobreza", señaló.
Sostuvo que las negociaciones con el Fondo "seguirán adelante, en un marco de respeto y tratando de arribar a buen puerto" y destacó que "el diálogo ha sido hasta aquí muy constructivo".
Fernández, cuyo Gobierno enfrentará este año elecciones de medio término con una economía muy golpeada por tres años de recesión profundizada por la pandemia de COVID-19, reiteró que el acuerdo al que se llegue incluirá "un entendimiento común de las necesidades específicas de la economía local" pero sin más "ajustes recesivos".
INFLACIÓN
En otro tramo de su extenso discurso ante el Parlamento, Fernández aseguró que hay signos de una recuperación de la economía doméstica "más veloz" de la esperada y abogó por un abordaje más integral de la alta inflación del país, que fue del 36.1 % en 2020.
Dijo además que su Gobierno trabaja con sindicatos y patronales para lograr una estabilidad de precios, con una inflación pautada para este año del 29 %, pero a la vez con una recuperación del salario real.
Por otra parte, anunció el envío al Parlamento de un proyecto de ley para declarar la "emergencia de servicios públicos y regulados" con el objetivo de "desdolarizar" las tarifas que cobran las empresas de servicios y adecuarlas a una "economía en la que los ingresos son en pesos" argentinos.
