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Industria Minera requiere nuevo enfoque en Política de Estado para no perder competitividad: Asociación de Ingenieros de México

Sector está en recesión por lo que se requiere de importantes inversiones

Ante la preocupación por la pérdida de competitividad. (CORTESÍA)

Ante la preocupación por la pérdida de competitividad. (CORTESÍA)

ANGÉLICA SANDOVAL

El sector minero de México está en recesión por lo que se requiere de importantes inversiones sujetas a la volatilidad de los precios de los metales y minerales con altos riesgos geológicos y técnicos, consideró la Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México (AIMMGM).

De 2012 a 2020, la inversión total en este rubro, disminuyó en el país de 8 mil 043 millones de dólares a 3 mil 532 mdd, esto representa una caída del 56%.

En la inversión en exploración, la cifra se redujo en dicho periodo de mil 165 millones de dólares a 399 mdd. Esto representa un 65%.

Tras participar en un seminario organizado por la Cámara Minera de México (Camimex) en Acapulco, Guerrero, el ingeniero Sergio Almazán Esqueda, presidente de la AIMMGM señaló que el desaliento para invertir en Minería en México obedece a la imposición de nuevos derechos a partir de 2014; imposibilidad para deducir los gastos de exploración el mismo año en que se efectúan; falta de certeza jurídica; inseguridad y mayor incertidumbre por la postura de la actual administración federal.

Ante la preocupación por la pérdida de competitividad, la asociación señaló que dicha industria requiere una nueva Política Minera de Estado.

Es importante que el Estado de Derecho garantice el acceso a la tierra dadas las altas inversiones requeridas cuando todos los permisos, normas, reglamentos y leyes hayan sido cabalmente cumplidos.

Almazán Esqueda comentó otro de los desafíos que enfrentan es la inseguridad ya que la minería es uno de los sectores industriales más vulnerables ya que se localiza en regiones apartadas del territorio mexicano. Por ello, se deben evitar extorsiones, asaltos y robos de insumos y de productos mineros en planta y en tránsito.

Para la AIMMGM, también es de suma importancia estructurar junto con las autoridades una respuesta adecuada para las comunidades mineras. Consideran que un yacimiento mineral debe ser interpretado como una oportunidad de progreso que se debe apoyar para reducir las desigualdades de la población.

En este contexto, el presidente de la AIMMGM, resaltó la necesidad de que la minería en México sea definida como una actividad económica básica prioritaria y que haya certidumbre y reglas claras que no se modifiquen en el corto plazo a fin de que la República Mexicana pueda seguir siendo un país atractivo para la inversión.

HACIA UNA NUEVA POLÍTICA PÚBLICA DE MINERÍA

Para la asociación, es imprescindible un nuevo enfoque en la Política Pública de Minería por lo que se debe garantizar y estimular el desarrollo sostenible del sector, impulsar el desarrollo de las comunidades, permitir la generación de más empleos formales, elevar las aportaciones al fisco y aprovechar las ventajas competitivas de los recursos minerales en beneficio de las y los mexicanos.

Según datos de la Asociación de Ingenieros en Minas, Metalurgistas y Geólogos de México, la industria minera genera más de 408 mil empleos directos y 2 millones indirectos.

Además, tiene presencia y diversos beneficios del Fondo Minero en 25 entidades federativas.

Representa el 2.3% del PIB Nacional y el 8.3% del PIB Industrial y, en los últimos cinco años, la aportación del sector minero al fisco ascendió a 161 mil 390 millones de pesos.

En 2020, se aportaron 30 mil 374 millones de pesos.

A CONSIDERAR:

1.Permitir la deducción al 100% de los gastos preoperativos de exploración.

2.Expedir una Ley General en materia de Consulta Indígena, definiendo la autoridad encargada y la definición y delimitación precisa de pueblos y comunidades indígenas.

3.Importante revisar el Fondo Minero, los recursos aportados deben llegar de manera oportuna y ser asignados a las comunidades mineras.

4.Permitir el acreditamiento vía derechos, de obras sociales de infraestructura a favor de las comunidades.

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