La Secretaría de la Función Pública de México multó este viernes con 110 millones de pesos (unos 5.3 millones de dólares) a una antigua subgerente del aeropuerto de Ciudad de México que pagó tarde a hacienda el Impuesto al Valor Agregado (IVA) recabado con la tarifa de uso de la infraestructura. (ARCHIVO)
La Secretaría de la Función Pública de México multó este viernes con 110 millones de pesos (unos 5.3 millones de dólares) a una antigua subgerente del aeropuerto de Ciudad de México que pagó tarde a hacienda el Impuesto al Valor Agregado (IVA) recabado con la tarifa de uso de la infraestructura.
La mujer sancionada, según un comunicado de la Función Pública, era subgerente de Obligaciones Fiscales de los servicios aeroportuarios de la capital mexicana y entre 2015 y 2016 fue responsable "de pagar de manera extemporánea" el IVA generado por la tarifa de Uso de Aeropuertos cobrada todos los pasajeros.
"El pago fuera de tiempo generó actualizaciones y recargos que significaron un daño al patrimonio del Aeropuerto Internacional de Ciudad de México por arriba de los 100 millones de pesos (unos 4.9 millones de dólares)", destacó la dependencia gubernamental.
El retraso en el pago del impuesto, que se manejaba a través de un fideicomiso, se dio "a pesar de que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) informó que se debía cumplir con dicha obligación fiscal".
Los hechos han costado a la responsable una multa de unos 5.3 millones de dólares y una inhabilitación por diez años para desempeñar servicios públicos por "no cumplir con las obligaciones de su encargo".
Las irregularidades fueron detectadas a partir de una auditoría cuyo seguimiento impulsó el Gobierno federal, presidido por Andrés Manuel López Obrador, lo que llevó a sancionar las faltas administrativas cometidas.
López Obrador llegó al poder en diciembre del 2018 con el combate a la corrupción y a las malas prácticas en el servicio público como uno de sus principales estandartes.
La secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, aseguró que ha encomendado a los órganos internos de control que "fiscalicen a cabalidad los recursos públicos, y si encuentran alguna irregularidad, sancionen como manda la ley".
"Con ese compromiso inhibimos las malas prácticas que a costa de mecanismos opacos provocaron en el pasado un deficiente servicio público y dañaron a las instituciones", consideró Sandoval, meses después de que el Congreso eliminara los fideicomisos públicos a petición del presidente López Obrador.
