La SFP sextuplicó el número de investigaciones.
En 2019, durante el primer año de la actual Administración, la Secretaría de la Función Pública (SFP) sextuplicó el número de investigaciones contra servidores públicos; sin embargo, sancionó 14.1 por ciento menos que en 2018, último año del sexenio de Enrique Peña Nieto.
De acuerdo con los "Resultados del Cuarto Censo Nacional de Gobierno Federal 2020", dados a conocer ayer por el Inegi, en 2019 la SFP sancionó a 2 mil 747 servidores públicos, mientras que en 2018 sumaron 3 mil 197 los sancionados.
En contraste, la SFP incrementó en 623 por ciento el número de investigaciones iniciadas por la presunta responsabilidad de faltas administrativas cometidas por los servidores públicos, al sumar 29 mil 740, mientras que en 2018 fueron 4 mil 110.
"Durante 2019, fueron sancionados 2 mil 747 servidores públicos de las instituciones de la Administración Pública Federal; 96.6% (2 mil 654) recibió sanciones por faltas administrativas no graves; 2.6% (71) por faltas graves y no graves, y el restante 0.8% (22), por faltas graves", detalló el Inegi.
De las investigaciones iniciadas, la mayoría, el 94.4 por ciento de los casos, tuvo su origen en denuncias, el 3.4 por ciento se inició a partir de las auditorías aplicadas por las autoridades de control, vigilancia y/o fiscalización competentes; el 1.7 por ciento se inició de oficio, y 0.5 por ciento tuvo otro tipo de origen.
"En 2019, las instituciones de la Administración Pública Federal recibieron 33 mil 668 denuncias derivadas del incumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos. De acuerdo con el medio de recepción, 42.0% fue por escrito mediante oficio", indicó el Instituto.
En cuanto al tipo de sanciones, la más frecuente durante 2018 fue Suspensión del Empleo, Cargo o Comisión, mientras que en 2019, Amonestación Privada o Pública fue la de mayor frecuencia.
"Comparado con 2018, el número de auditorías realizadas aumentó 11.8%; la cantidad de denuncias recibidas aumentaron 13.7%; las investigaciones iniciadas por la presunta responsabilidad de faltas administrativas incrementaron en 623.6%, y la cantidad de servidores públicos sancionados disminuyó 14.1 por ciento", resumió el Inegi.
