Encinas indicó que existe una recomendación emitida en abril pasado, por la Comisión Nacional de Derechos Humanos. (EL UNIVERSAL)
Al informar sobre el caso de Israel Vallarta, señalado como líder de la banda de secuestradores Los Zodiaco, Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, informó que hubo una solicitud de revisar su situación en la que se alegaron diversas violaciones graves al debido proceso, "y que se emita la sentencia y no continúe la dilación de su proceso penal".
En la conferencia mañanera de este jueves del presidente Andrés Manuel López Obrador, la secretaria de Gobernación indicó que el caso ha sido revisado desde 2019 y se han propuesto diversas alternativas que pudieran hacerse valer en el proceso judicial para agilizar la emisión de una sentencia, pero "el señor Vallarta y su defensa no han aceptado algunas de la estrategias planteadas por la Secretaría de Gobernación, consistentes en promover el incidente de libertad por desvanecimiento de datos".
"Esto sería únicamente esta estrategia, lo beneficiaría para una de las dos causas penales que tienen acumuladas, de tal suerte que, si a esta estrategia se le aplicara el precedente Cassez, es previsible, muy, muy probable que sea absuelto en dicho asunto", señaló Sánchez Cordero.
Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, informó por su lado que Israel Vallarta tiene 16 años en reclusión sin sentencia, "cuando la Constitución establece que el plazo mínimo para emitir ésta es de dos años". Encinas indicó que existe una recomendación emitida en abril pasado, por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en la que "se establece con toda claridad violaciones al debido proceso y la comisión de tortura contra el señor Vallarta durante su detención, lo cual, a nuestro juicio debe ser considerada por el juez que está analizando su situación jurídica y por lo tanto la tortura debe invalidar las pruebas obtenidas posteriormente a su detención para esta causa en específico".
Ante esto, el subsecretario de Gobernación llamó a erradicar la tortura "por cualquier agente del Estado en cualquier orden de gobierno, y cualquiera que sea la persona que haya sido objeto de tortura, debe obtener su libertad". "Esta es una de las prácticas más degradantes de la acción del Estado contra la dignidad y los derechos de las personas. Y aquí, aplicados una vez los protocolos que han dado positivo en la comisión de tortura, el juez no debe dilatar una resolución para disolver las pruebas y sea puesto en libertad", señaló.
Sobre el caso de Brenda Quevedo Cruz, implicada en el caso Wallace, Encinas refirió que ella ha denunciado que ha sido objeto de tortura, tanto en el penal de Santiaguito como lo fue en las Islas Marías. "Ella lo ha solicitado recurrentemente; sin embargo, se posponen y se posponen las resoluciones por distintas causas burocráticas, alegando el problema de la pandemia, pero aquí también ya existe, como lo presentó la señora secretaria, una recomendación del 2 de octubre de 2020 del Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas donde, en esta opinión 45/2020, exige la liberación inmediata de esta persona y garantizar una investigación independiente al respecto", dijo.
Sobre el caso de María Isabel San Agustín, indígena detenida en la alcaldía Milpa Alta, Encinas informó que desde 2013 tiene una sentencia de 65 años, vinculada con el delito de secuestro, y en 2018, la entonces Procuraduría de Justicia del Distrito Federal, ordenó la reposición del proceso para que se le aplicara el Protocolo de Estambul.
Sánchez Cordero refirió que Israel Vallarta se encuentra privado de su libertad desde 2005 por la presunta comisión de diversos delitos seguidos en dos causas penales distintas, ante el Juzgado Tercero de Distrito de Procesos Penales Federales del Estado de México. Los delitos por lo que se le ha acusado a Vallarta son secuestro, delincuencia organizada, portación y posesión de armas de uso exclusivo y posesión de cartuchos de uso exclusivo.
