El juez de primera instancia, José Luis Pencina Alcalá, giró una orden de aprehensión en contra de Luis Gerardo Villarreal Rosales, director general de Grupo Famsa, y de Jesús Eduardo Muguerza Garza, exdirector general de Banco Ahorro Famsa. (ARCHIVO)
El juez de primera instancia, José Luis Pencina Alcalá, giró una orden de aprehensión en contra de Luis Gerardo Villarreal Rosales, director general de Grupo Famsa, y de Jesús Eduardo Muguerza Garza, exdirector general de Banco Ahorro Famsa, señalados por su probable participación en el delito de fraude.
Un oficio con el que cuenta Grupo Reforma, que el juez envió el 9 de julio al Agente del Ministerio Público de la Unidad de Aprehensiones de la Fiscalía General del Estado, indica que la orden pide la detención de los directivos, quienes deberán inmediatamente ser llevados a prisión.
Recordó que en conferencias pasadas ya habían matizado la necesidad de contar con un plazo necesario sin embargo, trascendió que la denuncia fue promovida por un grupo de afectados que no han logrado recuperar el total de sus ahorros que tenían en el desaparecido Banco Ahorro Famsa, ahora en liquidación judicial.
"Por medio de la presente le informo que dentro de la carpeta judicial número 11678/2021 instruida en contra de Jesús Eduardo Muguerza Garza y Luis Gerardo Villarreal Rosales por hechos constitutivos del delito de fraude, a petición del Agente del Ministerio Público se dictó orden de aprehensión... Razón por la cual solicito elementos para que ejecuten este mandamiento y hecho que sea lo anterior, deberán poner a los investigados inmediatamente en las celdas del Centro de Reinserción Social 2 Norte, a disposición de esta autoridad, en un área distinta a la destinada para el cumplimiento de la prisión preventiva o de sanciones privativas de la libertad", se lee en el oficio.
Cabe recordar que el 30 de junio del pasado 2020, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) revocó la licencia de Banco Ahorro Famsa tras encontrarse irregularidades como gestión de riesgos inapropiada, operaciones y créditos otorgados a personas relacionadas del grupo por encima de los límites regulatorios, entre otras.
Un día después, el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) inició el proceso de liquidación y con ello destinó un monto de 24 mil 731.6 millones de pesos para devolver los ahorros a 633 mil 875 clientes, de los cuales han cobrado cerca de 120 mil personas, que representan casi el 99 por ciento de los recursos.
No obstante, indica debido a que el IPAB solo protege un ahorro máximo de 400 mil UDIs, que en ese momento equivalían a 2 millones 573 mil pesos, 2 mil 454 ahorradores no pudieron recuperar su excedente.
Los montos de esos excedentes varían desde 100 mil pesos hasta 30 millones de pesos que provienen de jubilados, trabajadores y pymes.
Según la Sentencia de Reconocimientos, Graduación y Prelación de Créditos, a tales ahorradores con excedente se les deben 6 mil 911.4 millones de pesos. El problema es que por ley se ubican en la quinta posición para poder recuperar su ahorro que vendría de los recursos obtenidos por la liquidación de la cartera y otros bienes del banco.
Ante esto, los afectados con excedente han pugnado por diversos medios para que se procese a los responsables. Algunos han ido en forma directa contra los directivos con diversas acciones penales, y otros contra la CNBV por no haber alertado de las irregularidades del banco. En tanto, otra parte se ha ido contra el IPAB para pedir crear reservas y/o devolución de ahorros.
