En 2019, el Gobierno de México pidió perdón a la periodista al reconocer que se violaron sus derechos humanos cuando fue agredida en 2005. (ARCHIVO)
La organización Artículo 19 denunció este martes que persiste la impunidad para el empresario mexicano José Kamel Nacif, quien fue exonerado por el delito de tortura contra la periodista y defensora de derechos humanos Lydia Cacho, en 2005.
Esto, luego de que el Tercer Tribunal Colegiado en el suroriental estado de Quintana Roo otorgara un amparo a Nacif con el que lo libera de toda responsabilidad en el caso de Cacho, superviviente de torturas por sus investigaciones sobre redes de explotación infantil.
"Con esta determinación se abre camino para la absolución del resto de los sentenciados", apuntó la organización en un comunicado.
La activista fue detenida en diciembre de 2005 por una decena de policías que, sin contar con orden de captura, la trasladaron de Cancún a Puebla en un vehículo propiedad del empresario de la industria textil José Kamel Nacif.
Pero de acuerdo con el Tribunal, su tortura y aprehensión no tuvieron relación con la publicación del libro "Los Demonios del Edén: el poder de la pornografía infantil".
El empresario Nacif era uno de los principales señalados en el libro en el que la periodista denunció una trama de pornografía y prostitución infantil que implicaba a empresarios cercanos al entonces gobernador de Puebla, Mario Marín.
Según algunas versiones, su detención y tortura habría sido pactada entre Nacif y Marín.
Durante el viaje por carretera de Cancún a Puebla, que duró más de 20 horas, Cacho fue torturada física y psicológicamente, además de sufrir tocamientos e insinuaciones sexuales y ser amenazada de muerte de manera verbal y física.
Según Artículo 19, la determinación del Tribunal se basó en un análisis "profundamente sesgado", pues cuando se valoraron las conversaciones que tuvo Nacif con Marín, refiriéndose a Cacho, se consideró que las afirmaciones contra la periodista eran "vagas y genéricas" y podían referirse a cualquier mujer.
La organización denunció que las magistradas consideraron que no había prueba fehaciente sobre la existencia de una orden para torturar a la periodista por publicar el libro y que todo era responsabilidad de los policías que la aprehendieron.
Señaló que la sentencia denota "un profundo desconocimiento" de los estándares internacionales en materia de derechos humanos "y tiene un clara intención de exonerar a los autores intelectuales".
Argumentó que esto no solo significa una "mala decisión", sino que también exalta la corrupción que existe en el sistema judicial del país.
Por ello exigió una investigación pronta, imparcial, independiente y eficaz sobre los presuntos actos de corrupción en el Poder Judicial de la Federación y exhortó a su presidente, Arturo Zaldívar, a depurar el aparato judicial del país.
También pidió que se garantice una justicia imparcial, independiente y transparente en el resto del proceso en contra de los otros autores materiales e intelectuales.
En 2019, el Gobierno de México pidió perdón a la periodista al reconocer que se violaron sus derechos humanos cuando fue agredida en 2005.
