Zaldívar anunció que tanto el pleno como las salas volverán a debatir y votar asuntos en su sede. (ESPECIAL)
La Suprema Corte de Justicia retomará las sesiones presenciales a partir del 2 de agosto, casi 17 meses después de que las suspendió por la pandemia de COVID-19.
Según el diario Reforma, el ministro presidente, Arturo Zaldívar, dio a conocer que tanto el pleno como las salas de la Corte regresarán a debatir y votar asuntos en su sede central en Pino Suárez, donde los ministros no han tenido sesiones presenciales desde el 17 de marzo del año pasado.
En esa ocasión, Zaldívar anunció el paro total de actividades del Poder Judicial Federal durante un mes, y la Corte empezó a sesionar por videoconferencia el 20 de abril, esquema que ha permitido una mayor difusión de las sesiones de sus salas, que antes no se transmitían por ningún medio y ahora se pueden ver en Justicia TV y YouTube.
“No es el regreso a la normalidad total de las actividades no jurisdiccionales, seguirán vigentes todos los protocolos de seguridad sanitaria”, indicó ayer en la sesión solemne para clausurar el primer periodo de labores de 2021.
En el periodo de sesiones que termina, la Corte declaró de manera general la inconstitucionalidad de artículos de la Ley General de Salud que prohibían el uso de la mariguana, lo que obligará a la Secretaría de Salud a expedir permisos individuales para autoconsumo recreativo.
También anuló varios aspectos de la Ley Nacional de Extinción de Dominio aprobada en este sexenio.
Como ha ocurrido desde hace dos años, la gran mayoría de las sesiones del pleno estuvieron dedicadas a acciones y controversias contra leyes estatales, en fallos de escasa relevancia nacional.
Por tanto, la Corte iniciará su segundo periodo sin haber resuelto impugnaciones contra una docena de reformas relevantes de la administración del Presidente Andrés Manuel López Obrador, algunas pendientes desde 2019.
Además, los ministros tendrán que pronunciarse sobre la prolongación de la presidencia de Zaldívar hasta 2024, que el Congreso incluyó de última hora en un transitorio de las leyes secundarias de la reforma judicial, y que ha sido condenada por inconstitucional por académicos, litigantes y jueces.
