Francisco Rivas Rodríguez, director general del Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad, consideró que la propuesta del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, para liberar a los presos de cárceles locales que tengan más de 75 años de edad o que lleven 10 años privados de su libertad sin sentencia o que haya sido torturados. (ARCHIVO)
Francisco Rivas Rodríguez, director general del Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad, consideró que la propuesta del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, para liberar a los presos de cárceles locales que tengan más de 75 años de edad o que lleven 10 años privados de su libertad sin sentencia o que haya sido torturados.
"Es uno de los pocos aciertos que le puedo reconocer al presidente, en términos de poner sobre la mesa un problema de impunidad en el país, porque un reo que se encuentra sin sentencia después de 10 años es un caso de impunidad, no es sólo no perseguir el delito sino también no proceder en el aspecto de justicia", explicó, "pero es una política pública difícilmente realizable, para poder cumplir con ella se requieren recursos y un plan".
Recordó que ya se tiene una Amnistía en pie que se puso en marcha desde el año pasado y, dentro de la cuál, no se ha liberado a nadie, porque hay criterios específicos que no se cumplen y tampoco hay quien los revise.
"Estamos hablando de que aproximadamente 200 mil reos, a nivel nacional, tendrían acceso a este tipo de beneficio, ¿quién va a revisar que efectivamente sea una persona que cometió un delito sin violencia? ¿quién va a revisar los casos médicos, los casos de edad? No hay quien, entonces yo creo que acabará esa política como muchas que suceden a lo largo de los sexenios, donde el presidente da indultos y literalmente es: de aquí para acá todos se me van a la calle", expuso.
El director del Observatorio Nacional Ciudadano señaló que la idea no es mala, en cuanto a poner el punto sobre las íes en temas de impunidad, sin embargo, insistió en que el problema radica en que no es una política pública operacionable.
Como se informó oportunamente en este medio, el presidente informó que, mediante un decreto, se establecerá que los presos sin sentencia después de 10 años y que no hayan cometido delitos graves, los mayores de 75 años y aquellos que sobrepasen los 65 años y tengan alguna enfermedad, así como los torturados, serán liberados.
La meta sería liberar a los reos a más tardar el 15 de septiembre. Se estima que un 43 por ciento de las más de 220 mil personas que hay en las cárceles no tiene sentencia.
Esta sería una medida adicional a la Ley de Amnistía que promulgó el gobierno federal en abril de 2020 con el objetivo de liberar a cerca de 6 mil personas condenadas o en prisión preventiva por delitos como aborto, pequeños robos o posesión de drogas.
