A diferencia de la Ley de Amnistía, este decreto debe hacer justicia a mujeres en centros de reclusión. (ARCHIVO)
El decreto dado a conocer por el Ejecutivo para liberar a personas recluidas en cárceles federales que fueron torturadas, y se compruebe mediante el Protocolo de Estambul, tiene que ser una realidad y no una nueva ilusión, afirmaron mujeres que saben lo que significa estar años en espera de que se haga justicia.
“Tenemos una esperanza con el (.) decreto presidencial. No quisiera que pasara como la Ley de Amnistía, que se quedara en el olvido”, declaró Lourdes Ramírez, madre de Ana Karen, quien está recluida en el Centro de Readaptación Social de Ecatepec (Chiconautla), en el Estado de México, y también de Karla, en el Centro Federal Femenil CPS No.16 de Morelos. Lo anterior, según el diario Reforma.
Karla y Ana Karen fueron privadas de su libertad en 2011, cuando tenían 18 y 23 años. Desde entonces, su madre ha vivido “como si también estuviera en prisión”. Sus hijas tienen el Protocolo de Estambul, que prueba la tortura de la que Nfueron víctimas para autoincriminarse, pero siguen en prisión, debido a las trabas y negligencia de los juzgadores, acusó Lourdes.
“A Karla, el juzgado en donde está su causa penal se negó a practicárselo, alegando que no tenían medios para poder llevar a cabo el Protocolo y que nosotros los familiares debíamos de pagarlo (.). Después de once años que llevamos en espera de que se resuelva su situación jurídica, aún el juzgado en el que ellas llevan su proceso pone trabas y pretextos (.). Quisiera que hubiera justicia para las personas que están privadas de su libertad y que son inocentes (.). Aunque los familiares estemos fuera de ese lugar, vivimos el sufrimiento y el dolor de ver a tu familiar consumiéndose día con día, el no poder hacer nada, porque siempre hay una traba para que no concluyan los procesos favorablemente. Mis hijas tienen Protocolos de Estambul, que ya han demostrado que por medio de tortura les han arrancado una confesión. ¿Tenemos que esperar cuántos años más para que les den una sentencia favorable?”, cuestionó Lourdes.
Viridiana Molina, activista que estuvo cuatro años y medio en prisión preventiva, narró su propia espera de justicia.
“Fui acusada de un delito grave, me absolvieron, estoy libre, pero podría volver a prisión porque apeló el Ministerio Público. Tengo el Protocolo de Estambul positivo, que prueba que fui torturada. Hoy mi caso está a la espera de que la Suprema Corte de Justicia admita mi amparo, pero ¿señor presidente qué va hacer en mi caso?”, cuestionó.
Indicó que, a diferencia de la Ley de Amnistía, este decreto debe hacer justicia a mujeres en centros de reclusión en el Estado México y en el CPS Femenil de Morelos. “Desde Artículo 20 documentamos sus casos. Son mujeres que fueron torturadas y que tienen Protocolo de Estambul positivo, con más de 10 años en prisión sin sentencia, acusadas de un delito grave que no se les ha probado. ¿Habrá justicia para ellas? Por otro lado, el decreto no habla nada sobre la reinserción social, ¿el Estado se va a hacer responsable de todos los que hemos sido torturados o se trata de liberar y decir ¿disculpe usted?
