Ella y sus tres hermanas pasaron 11 días retenidas. (ESPECIAL)
El 29 de septiembre, un grupo de policías comunitarios de la comunidad Dos Ríos, en el municipio de Cochoapa El Grande, en la Montaña de Guerrero, llegaron por Angélica, una adolescente de 15 años, a la casa de su tía.
Los comunitarios la detuvieron y se la llevaron junto con su tía, una mujer de 70 años de edad, y sus tres hermanas: una de ocho años y las otras dos de seis.
Las cinco fueron detenidas, porque Angélica se escapó de la casa del padre del hombre con el que la obligaron a casarse. Si no regresaba 210 mil pesos, el doble de lo que pagaron por ella, los comunitarios le advirtieron que no podría quedar en libertad.
Angélica se escapó porque el padre del hombre con el que la vendieron ya había intentado violarla en cuatro ocasiones. La menor vivía en esa casa porque el hombre con el que la obligaron a vivir se fue a los Estados Unidos (EU) a trabajar por la falta de empleo en la Montaña.
Angélica y sus tres hermanas pasaron 11 días retenidas. Días antes los comunitarios dejaron en libertad a la tía. El caso de Angélica se supo hasta que su madre, Concepción, lo denunció. Concepción lo denunció el 9 de octubre en un hospital, a cientos de kilómetros en el municipio de Ometepec, en la Costa Chica.
Ese día, Concepción llegó a la comisaría con comida para sus tres hijas. Discutió con los comunitarios hasta que uno de ellos la golpeó. Concepción estaba embarazada de trillizos. La agresión le provocó el aborto: se desangró en el pasillo de la comisaria.
Tras conocerse el caso de Concepción, funcionarios de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y de la Secretaría de Asuntos Indígenas y Afromexicanos se trasladaron hasta la comunidad Dos Ríos para pedir la liberación de las cuatro menores.
La noche del domingo, la Comisión Estatal de Derechos Humanos informó que Angélica y sus tres hermanas habían sido liberadas. La comisión también informó que son resguardadas por las autoridades y lejos de su agresor.
El caso de Angélica, sus hermanas y su madres ha sido condenado por decenas de organizaciones sociales, defensoras de derechos humanos y de mujeres y las propias autoridades. Sin embargo, la venta de niñas en la Montaña es recurrente y, en muchos casos, tolerada por las autoridades locales.
Neil Arias, abogada del Centro de Defensa de los Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, ha documentado por lo menos dos casos de mujeres que se negaron a casar que han decidido terminar el acuerdo y donde las autoridades intervinieron a favor de la familia que pagó por las niñas.
Arias documentó el caso de Esperanza, una joven de 21 años de edad del municipio de Metlatónoc, que salió huyendo a Tlapa porque su papá la quiso vender sin su consentimiento. Ante la falta de trabajo y dinero regresó a su pueblo. Sus padres la rechazaron y se fue a vivir con una tía.
Un día, su padre y policías municipales entraron a la casa de la tía, la sometieron, la golpearon y después la llevaron a barandillas. La acusaron de rebelde. Estuvo dos días en la cárcel. Todo lo autorizó el síndico municipal de entonces, Felicitos Hernández Olea.
Arias también documentó el caso de Micaela, de Cochoapa El Grande, que la comprometieron cuando era menor de edad; por ella pagaron 80 mil pesos. A los dos años del acuerdo, nació su hijo y el "esposo" se fue a los EU.
Se quedó a vivir con la tía del esposo, la maltrató y nunca le entregó el dinero que enviaba su "esposo". Micaela decidió irse a la casa de sus papás. El "esposo" y la tía pidieron al entonces síndico de Cochoapa El Grande, Rutilio Ortega Maldonado, que la citara junto con sus padres.
Ahí con presiones la hicieron firmar un documento donde entregaba la custodia del niño a la tía y un pagaré por 55 mil pesos, para cubrir parte de los gasto de la boda. Le quitaron al niño y se lo devolverán hasta que liquide el pagaré.
