Aquel 17 de octubre de 2019 la capital de Sinaloa quedó envuelta en un escenario de guerra. (ARCHIVO)
A dos años del Jueves Negro o "El Culiacanazo", los ciudadanos tienen aún a flor de piel la sensación de inseguridad y temor, pese a que los datos oficiales de los delitos de alto impacto hablan de una disminución, sobre todo en los asesinatos.
Aquel 17 de octubre de 2019, la capital de Sinaloa quedó envuelta en un escenario de guerra con vehículos incendiados, bloqueando vialidades y hombres fuertemente armados y vehículos artillados en las calles, por el frustrado intento de las fuerzas federales por capturar al hijo de Joaquín El Chapo Guzmán, Ovidio Guzmán López.
De acuerdo con especialistas, el impacto de la acción desplegada por la delincuencia organizada en las calles de Culiacán no ha sido dimensionado ni se tiene claro qué acciones se han asumido en materia de seguridad para evitar que se repita.
Además, mencionan que hay una sensación de frágil tranquilidad que se ha roto las últimas semanas con el ataque, con rifles de alto poder, a cámaras de vigilancia en diferentes puntos de la ciudad.
Los saldos
La Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas emitió un informe sobre la secuela de ese jueves violento en el que considera que, pese al impacto de la agresión perpetrada, la tragedia no ha sido plenamente dimensionada.
Oscar Fidel González Mendivil, titular del organismo, resalta que se intervino para atender a personas afectadas en 44 casos que se documentaron.
Indica que en el recuento de afectaciones se tienen tres defunciones, cinco personas lesionadas, cinco vehículos robados, 21 carros dañados y dos locales comerciales afectados.
"Se han erogado 531 mil 374 pesos con 98 centavos en apoyos a 35 de las personas afectadas, consistentes en gastos médicos, funerarios, asistencia sicológica, transporte, alimentación, cuotas escolares y reposición de una unidad de trabajo, la cual fue quemada, sin contar con seguro contra daños", detalla.
Precisa que se continúa con los procesos de apoyos hasta la conclusión de los casos pendientes que se tienen, algunos de ellos relacionados con el pago de los deducibles de los vehículos quemados, robados o dañados.
Diego Castro Blanco, presidente de la Cámara de Comercio y Servicios Turísticos de Culiacán, considera que los sucesos de aquel día fueron un golpe a la imagen de la capital del estado, cuyos efectos no se han podido medir por la pandemia del COVID-19 que suplió el miedo a la violencia por el temor al contagio.
"A dos años del Jueves Negro aún se tienen dudas sobre lo que sucedió, no se entiende la forma en cómo los grupos armados se apoderaron de los puntos más importantes de tránsito, bloquearon calles con vehículos incendiados y exhibieron armas poderosas", recuerda.
El líder de los comerciantes organizados afirma que las heridas abiertas a la sociedad por los sucesos de ese día aún no cicatrizan. Pese a la sensación de haber quedado en el olvido, basta observar las reacciones que se tienen de los ciudadanos ante la divulgación de hechos de alto impacto o cuando se presentan los ataques a las cámaras de videovigilancia en la madrugada.
Las estadísticas oficiales refieren que en Sinaloa es posible que haya una tendencia a la baja en cuanto a homicidios dolosos, pues en 2019 se registraron 822 casos, en 2020 fueron 700 y en lo que va de este año, 377, pero la percepción social no comparte esos criterios.
Uno de los que pone en duda las estadísticas que supuestamente reflejan la realidad es el coordinador General del Consejo Estatal de Seguridad Pública (CESP), Ricardo Jenny del Rincón, quien establece que es un mito que la tasa de homicidios dolosos va a la baja, cuando el número de desapariciones forzadas va en sentido contrario.
"Formalmente no se puede dar por muertas a las personas que están en calidad de desaparecidas, pero es una realidad vigente, sin que se tenga una respuesta, a cerca de mil casos documentados en casi dos años".
Jenny del Rincón advierte que se percibe que existe una intención oficial de que se olvide, como si hubiera sido una pesadilla colectiva, cuando se debe aprender y analizar cuáles fueron las causas que originaron la reacción de los grupos delictivos.
"Ante los ojos de la sociedad, los hechos fueron una muestra del armamento en manos de los delincuentes y el poder de convocatoria de un ejército de vendedores de drogas que salieron a imponer su fuerza, a intimidar a la autoridad", destaca.
Jenny del Rincón considera que a dos años de los sucesos se tienen muchos retos y dudas que requieren respuestas en hechos, no palabras, a las interrogantes, como cuánto y cuáles ajustes ha realizado la autoridad en políticas de seguridad para que los delincuentes no se vuelvan a apoderar de la ciudad.
Por su parte, colectivos de rastreadoras reclaman que privan la simulación en la búsqueda de las personas desaparecidas y en la identificación oficial de los cuerpos que son rescatados de fosas comunes, cuyas carpetas de investigación no avanzan con la celeridad deseada.
María Isabel Cruz es fundadora del colectivo Sabuesos Guerreras. Ella busca a su hijo Josimar, quien era elemento de la policía municipal de Culiacán y está desaparecido desde enero de 2017, tras ser sacado de su hogar por hombres armados.
La mujer aseguró que para su organización no ha sido fácil, pues han tenido que capacitarse en la materia de búsqueda, enfrentar amenazas, amagos, soportar las inclemencias del medio ambiente y la pasividad de las autoridades judiciales.
Su peor experiencia
Julieta, a sus 40 años, aún tiene continuos sobresaltos, cada vez que escucha la detonación de un arma automática.
Vienen a su memoria los recuerdos de la angustia que le tocó vivir, como mesera de un restaurante de la zona de Tres Ríos, donde se intentó capturar a Ovidio Guzmán López.
Para ella es como si hubiera ocurrido ayer. Cuando recuerda los momentos de terror que vivió por más de dos horas en que tuvo que estar tirada al piso junto con sus compañeros y comensales, se tensa, la angustia la invade y no le permite narrar con fluidez su amarga experiencia. "Fue terrible estar ahí".
El restaurante especializado en mariscos donde trabajaba no logró recuperar su clientela y la pandemia del COVID-19 llevó al dueño a cerrarlo.
Ahora Julieta se desempeña como responsable de una tienda de ropa femenina en el centro de Culiacán y procura no hablar de ese día que para ella fue una pesadilla.
Así como ella, Sonia, una joven madre de 21 años, aún tiene fresca en la memoria las escenas de zozobra y desesperación que tuvo que vivir, resguardada en un centro comercial en la misma zona por varias horas.
