Son acusadas de negligencia por facilitar el tráfico ilícito y detonar así la violencia. (ARCHIVO)
Este miércoles, el Gobierno de México interpuso una demanda civil en contra de fabricantes de armas en Estados Unidos, a los cuales acusa de prácticas ilegales y negligencia que facilitan el tráfico de armamento que es usado en miles de asesinatos en el país.
De acuerdo con Reforma, la acusación fue presentada por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) ante una Corte Federal en Boston, Massachusetts, donde buscará una compensación por daños de al menos 10 mil millones de dólares, con el argumento de que los daños que provocan esas armas en México equivalen a entre 1.7 y el 2 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) del país.
Según la querella, entre el 70 y 90 por ciento de las armas recuperadas en escenas de crímenes en México pertenecen a las fabricantes Smith & Wesson, Beretta, Century Arms, Colt, Glock y Ruger, así como a Barrett e Interstate Arms, involucradas en unos 17 mil asesinatos.
"Los demandados diseñan, comercializan, distribuyen y venden armas de forma que saben que arman a los cárteles de la droga en México", señaló la Cancillería.
"Utilizan traficantes de armas imprudentes y corruptos, y prácticas de venta peligrosas e ilegales con las que cuentan los cárteles para conseguir sus armas", añadió.
Al informar sobre la demanda, el canciller Marcelo Ebrard se apresuró a aclarar que no se trata de un proceso en contra del Gobierno de Estados Unidos, por lo que consideró que la medida legal no generará un conflicto bilateral con la Administración Biden.
Carlos Pérez Ricart, profesor investigador del CIDE especializado en crimen organizado y la relación México-EUA, consideró que la demanda civil es importante políticamente, pero irrelevante desde el punto de vista jurídico y hasta contradictoria porque el Gobierno federal importa armas de esas empresas.
"Tiene muy pocas posibilidades de ser aceptada en cualquier tribunal en EUA. El tipo de argumento es político, no tanto jurídico; difícilmente se va a poder hacer responsables de la muerte de miles de mexicanos a estas armadoras", manifestó en entrevista.
"Pero creo que es audaz e inteligente, porque, como cualquier litigio estratégico, abre nuevas puertas a la acción política-jurídica".
La Cancillería respondió ayer a la postura de las fabricantes de armas, que acusaron a México de buscar chivos expiatorios por la violencia en el país.
"En el litigio se probará que las empresas demandadas incurren en prácticas ilícitas y negligentes", indicó la dependencia.
"La Corte conocerá los hechos y las evidencias, no los mensajes superficiales que pretenden legitimar su enriquecimiento desmedido a costa de la muerte de cientos de personas".
