Reclaman detenciones, condiciones de riesgo para su salud en las estaciones migratorias y falta de reconocimiento como refugiados, entre otras problemáticas. (ARCHIVO)
Entre enero de 2020 y el 29 de octubre de 2021 los jueces y tribunales federales han emitido más de 100 resoluciones relacionadas con los amparos que han tramitado diversos migrantes que reclaman detenciones, condiciones de riesgo para su salud en las estaciones migratorias y falta de reconocimiento como refugiados, entre otras problemáticas.
Un medio de circulación nacional realizó una revisión de estas resoluciones ahora públicas en la página del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), en las que hasta que los interesados tramitaron amparos las autoridades migratorias los dejaron en libertad o se ordenaron medidas para regular la estancia de algunos quejosos.
En total, han sido emitidas 116 resoluciones, entre sentencias de amparo y suspensiones provisionales y definitivas, a las distintas problemáticas expuestas por los migrantes que llegan al país.
Los amparos regularmente son tramitados por los propios quejosos, organizaciones de la sociedad civil o por representantes de la Defensoría Pública Federal que acuden a los albergues a realizar visitas y pláticas informativas sobre los derechos que les asisten.
Desde el año 2019 César Hernán Ramírez, migrante de origen venezolano, solicitó un amparo en el que reclamó que le negaron la afiliación al Régimen Estatal de Protección Social en Salud en San Luis Potosí, lo que era conocido como el Seguro Popular.
Lo anterior fue debido a que la Ley General de Salud establece entre los requisitos de afiliación "ser mexicano" y contar con Clave Única de Registro de Población (CURP).
En febrero de 2020, el juez Octavo de Distrito de San Luis Potosí declaró que al ser un ciudadano de origen venezolano con permanencia irregular en el país debía ser considerado como una persona en situación de vulnerabilidad, por lo que le concedió el amparo para que no se le aplique el artículo de la ley que restringía el servicio de Seguro Popular a ciudadanos mexicanos y que le obligaba a presentar su CURP.
El juez ordenó que se le incorpore al sistema estatal sin exigir esos dos requisitos, siempre y cuando cumpla con los demás establecidos en la ley.
La Secretaría de Salud impugnó la sentencia, pero no fue hasta abril de este año que el asunto se envió a un tribunal colegiado para que resuelva.
Algunos amparos fueron tramitados por migrantes acompañados por sus hijos menores de edad, en los que solicitaron protección para estos.
Tal fue el caso de Cristian Alejandro Mujica Angarita, quien llegó en octubre de 2019 a México vía aérea en compañía de su esposa y de sus dos hijos menores de edad.
Al realizar los trámites migratorios el representante local del Instituto Nacional de Migración en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México emitió unas actas de rechazo aéreo para impedir la entrada de la familia migrante al país.
