El grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados presentó un punto de acuerdo para exhortar a la Unidad de Inteligencia Financiera (IUF) de la Secretaría de Hacienda y a la Fiscalía General de la República (FGR) para que investiguen la licitud del origen del financiamiento de la plataforma de comunicación Latinus, donde colaboran el periodista Carlos Loret de Mola y el conductor, Víctor Trujillo 'Brozo'. (ESPECIAL)
El grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados presentó un punto de acuerdo para exhortar a la Unidad de Inteligencia Financiera (IUF) de la Secretaría de Hacienda y a la Fiscalía General de la República (FGR) para que investiguen la licitud del origen del financiamiento de la plataforma de comunicación Latinus, donde colaboran el periodista Carlos Loret de Mola y el conductor, Víctor Trujillo "Brozo".
A través del documento publicado este miércoles en la Gaceta Parlamentaria, la diputada Reyna Celeste Ascencio Ortega de Morena, sugiere que este medio de comunicación podría estar financiado con recursos de procedencia ilícita provenientes de funcionarios del gobierno de Michoacán, entre ellos, el gobernador Silvano Aureoles (PRD).
"La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que se investigue la presunta participación del Gobernador de Michoacán y funcionarios de dicho gobierno que podrían estar aportando recursos de procedencia ilícita a la plataforma de comunicación conocida como Latinus", define el primer resolutivo de este punto de acuerdo.
"Segundo. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Fiscalía General de la República para que investigue la posible participación del Gobernador de Michoacán y funcionarios de dicho gobierno que presuntamente podrían estar aportando recursos de procedencia ilícita a la plataforma de comunicación conocida como Latinus", detalla el segundo resolutivo del documento.
En este contexto, la legisladora de Morena describe que desde el 2007 el mandato constitucional fue muy claro, en el sentido de que no se puede acceder a la radio y televisión con fines electorales, para mejor referencia se transcribe la parte conducente del artículo 41 constitucional:
"Los partidos políticos y los candidatos en ningún momento podrán contratar o adquirir, por sí o por terceras personas, tiempos en cualquier modalidad de radio y televisión. Ninguna otra persona física o moral, sea a título propio o por cuenta de terceros, podrá contratar propaganda en radio y televisión dirigida a influir en las preferencias electorales de los ciudadanos, ni a favor o en contra de partidos políticos o de candidatos a cargos de elección popular. Queda prohibida la transmisión en territorio nacional de este tipo de mensajes contratados en el extranjero", define.
"De tal manera que se debe distinguir entre los medios de comunicación que ejercen una auténtica libertad de expresión respecto de aquellos que son financiados por personajes políticos y empresarios con el objeto de influir directamente en las contiendas electorales, ello se menciona, por algunos medios que se excusan en la libertad de expresión para desequilibrar las tendencias electorales", define la legisladora.
En sus argumentos la legisladora recordó que el propio exgobernador de Tabasco, el priista Roberto Madrazo declaró que familiares de él estarían financiando esta plataforma.
"Al respecto, se estima que aquellos personajes políticos y empresarios que podrían estar contratando espacios en medios de comunicación además de incurrir en una falta al mandato constitucional del artículo 41, es totalmente indebido que se puedan estar utilizando recursos públicos del Pueblo para dichos fines, cuando debiesen utilizarse para la prestación de servicios públicos de salud, educación y bienestar.
"Con motivo de lo anterior, es que se solicita encarecidamente a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público así como a la Fiscalía General de la República que se investigue el posible uso de recursos públicos en el financiamiento de la plataforma denominada Latinus", define la legisladora.
