Ordenan reincorporación del regidor Pablo Navarro al Cabildo de Francisco I. Madero. (EL SIGLO DE TORREÓN)
El pasado 26 de marzo el Tribunal de Justicia Administrativa Coahuila emitió la resolución a favor del regidor priista del Ayuntamiento de Francisco I. Madero, Pablo Navarro Hernández, quien fue inhabilitado por la Contraloría Municipal; se ordenó su reinstalación al cargo en un plazo de 15 días a partir de la notificación.
Como se recordará, fue en octubre del 2020 cuando se determinó la inhabilitación de Navarro Hernández, argumentando que la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas (Sefir) y la Auditoría Superior del Estado de Coahuila (ASEC), solicitó a la Administración Municipal fincar responsabilidades por la compra injustificada de 3.6 millones de pesos en medicamentos cuando se desempeñaba como tesorero municipal.
"La Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa de Coahuila resuelve que el Republicano Ayuntamiento de Francisco I. Madero deberá dejar sin fundamento la resolución con fecha del 27 de febrero de 2020 que resuelve el expediente FIM/OICM/PR-003/2020, en el que la Auditoría Superior del Estado de Coahuila notificó para que se fincaran las responsabilidades correspondientes al regidor Pablo Navarro Hernández, quien se desempeñó como tesorero en la Administración 2014-2017", cita el documento
Se señala además que "el contralor interno del Ayuntamiento de Francisco I. Madero deberá dar cumplimiento a lo ordenado en el fallo en los términos precisados dentro de los 15 días siguientes a partir de la sentencia".
Fue el pasado mes de marzo cuando el Contralor municipal, Armando de León Solís, dio a conocer que el 27 de febrero del mismo año recibieron la notificación de la ASEC para que se fincaran las responsabilidades correspondientes.
Se dijo que la Sefir practicó una auditoría a la cuenta pública de Francisco I. Madero del primer semestre de 2017, cuando Pablo Navarro se desempeñaba como tesorero municipal, y encontró irregularidades que pidió investigaran.
En esas investigaciones, el Contralor informó que se encontró que la Tesorería Municipal pagó facturas de medicamento por un monto de 3.3 millones de pesos a un mismo proveedor, eran facturas de medicina dada a personal de Presidencia Municipal.
Fue hasta el mes de octubre del 2020 cuando en entrevista, el alcalde Jonathan Ávalos confirmó la resolución emitida por la Sefir y la notificación de la ASEC, fecha a partir de la que se inhabilitó y se le negó participar en las sesiones de Cabildo, incluso en alguna ocasión se le obligó a abandonar la reunión.
