Una vez cumplidas todas las etapas del proceso legislativo, su producto, la norma jurídica, es ley, es derecho vigente; su publicación en el Diario Oficial, si se trata del ámbito federal, o en el Periódico Oficial, si se refiere a una norma jurídica local, le da plena validez y lista para ser aplicada.
Si Carlos Salinas de Gortari, si Ernesto Zedillo Ponce de León, si Vicente Fox Quezada; si, igualmente, Felipe Calderón Hinojosa, y si Enrique Peña Nieto, todos con la idéntica calidad de extitulares del Poder Ejecutivo Federal, incurrieron durante el ejercicio de su cargo en actos punibles, sean de carácter civil, penal o administrativo, incluyendo en éste, las materias laboral y fiscal; si se cuenta con los elementos necesarios que hagan prueba plena, suficientes para fincar la responsabilidad correspondiente, lo que sigue, entonces, es la aplicación de la norma vigente que sanciona tales conductas.
Por lo tanto, no se tiene porqué interrogar a la gente si se aplica o no el derecho, habiendo elementos para hacerlo. Lo que verdaderamente debe llamar nuestra atención, es ¿qué se pretende o qué se busca con esta farsa? Porque eso es en realidad, la llamada consulta popular del próximo domingo primero de agosto.
Además de farsante, la tal consulta es peligrosa. Supongamos que la improbable respuesta de la gente es en el sentido de que no se proceda judicialmente en contra de los exmandatarios, no obstante que haya un cúmulo de pruebas que los condenan. En tal hipótesis, quedaría en ridículo el sistema jurídico nacional, dándole argumentos al titular del Ejecutivo para justificarse diciendo, “yo quise enjuiciarlos, pero la gente dijo que no”; cuando que su obligación moral y legal es ponerlos a disposición de la autoridad competente mediante la denuncia respectiva.
Si el resultado de la consulta es en sentido afirmativo, como seguramente lo será, entonces tendrá argumentos para explicar a los expresidentes: “no soy yo quien procede contra ustedes, es la gente que así lo quiere”.
Decimos que seguramente la respuesta de la gente será en sentido positivo, o sea que se proceda penalmente en contra de los últimos cinco expresidentes, porque la pregunta que se formulará es un “galimatías” por el lenguaje enrevesado, oscuro y confuso que contiene su texto: “¿Está usted de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?
Esto no lo entiende ni el mejor de los lingüistas. ¿Cuáles acciones pertinentes?, ¿Cuáles decisiones políticas?, ¿En cuáles años pasados?, ¿Cuáles fueron los actores políticos, y cuáles las posibles víctimas?
La gente sencilla, la del pueblo que acuda a la mesas receptoras, al no entender lo que se le pregunta, para no meterse en problemas, seguramente contestará “sí”.
Por otro lado, esta consulta sentará un precedente peligroso. Los delincuentes de alto nivel, los del crimen organizado, los narcotraficantes, los secuestradores, en fin, los protagonistas del hampa, reclamarán como derecho, el que se someta a consulta popular si se procede penalmente contra ellos. ¿por qué solamente los expresidentes, si la ley debe ser de aplicación general?
