De antemano, con mucha anticipación, se dijo en diferentes tonos y de varias maneras que la “consulta popular”, llevada a cabo el pasado domingo primero de agosto sería un fracaso, como así sucedió. La gente no acudió al llamado que hizo el Presidente de la República, operado en la práctica por el Instituto Nacional Electoral (antes IFE), porque percibió oportunamente que se trataba de una farsa, de un montaje escénico para distraer a la población de los verdaderos problemas que tiene, los cuales no son atendidos y menos resueltos por las autoridades que tienen esa obligación.
Total indiferencia mostró la ciudadanía a la convocatoria oficialista; apatía que bien puede considerarse como un rechazo a las acciones que está llevando a cabo el gobierno que encabeza el presidente López Obrador. Apenas un 7% del listado nominal de electores se acercó a las mesas receptoras, según la información proporcionada por el propio órgano electoral, operador del evento. No se descarta la posibilidad que esa minoría de “votantes” fue acarreada por Morena, partido político del titular del Ejecutivo Federal que tenía la aspiración de que la consulta fuese exitosa.
Pero no hubo tal éxito, pues la gente vio con desprecio, con desdén, y en el mejor de los casos con indiferencia tal acontecimiento, el que no tenía razón de ser, pues si los expresidentes Peña Nieto, Calderón Hinojosa, Fox Quezada, Zedillo Ponce de León y Salinas de Gortari, durante el desempeño de su cargo incurrieron en conductas tipificadas como delitos; si el gobierno, consecuentemente, cuenta con elementos de probanza que los incrimina, pues tiene el derecho, que simultáneamente es obligación de denunciarlos y ponerlos a disposición de la autoridad competente. ¿Qué espera ¿
Después de este fracaso político del gobierno, son dos las inquietudes que ahora tiene la población mexicana:
Una, si el gobierno tiene elementos probatorios de que los exmandatarios cometieron actos delictivos aprovechándose de su alto cargo y del poder político que del mismo deriva, ¿quedará impune su conducta, evadiendo la aplicación de la ley que sanciona tales conductas, por el hecho de que la gente no haya participado en la consulta? ¿Permitirá esto el gobierno?
Otra, el mismo gobierno sabía que su propuesta no tendría éxito, y a pesar de ello, gastó 500 millones de pesos en la preparación, organización y ejecución de la mencionada consulta, lo cual en términos reales significó un verdadero derroche de recursos públicos que podrían haber tenido mejor destino, lesionando el ya de por sí raquítico erario nacional. ¿No es esto, motivo suficiente para fincar responsabilidad administrativa y política a los que autorizaron tal despilfarro y a quienes lo ejercieron? ¡Digo!
