El Congreso de la Unión, la Secretaría de Energía, en representación de la Presidencia de la República, y las empresas que pidieron amparo contra la reforma eléctrica presentaron pruebas a su favor ante el juez Juan Pablo Gómez Fierro. (ARCHIVO)
El Congreso de la Unión, la Secretaría de Energía, en representación de la Presidencia de la República, y las empresas que pidieron amparo contra la reforma eléctrica presentaron pruebas a su favor ante el juez Juan Pablo Gómez Fierro.
Durante las primeras audiencias incidentales en las que el titular del Juzgado Segundo de Distrito en materia Administrativa especializado en competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones decidirá si concede o no suspensiones definitivas contra la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica publicada el pasado 9 de marzo, tanto el gobierno federal como las tres primeras empresas que consiguieron suspensiones provisionales emitieron sus argumentos.
De acuerdo con el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) se prevé que mañana por la mañana el juez Gómez Fierro dé a conocer su resolución.
Las suspensiones, provisionales o definitivas, no implican la concesión de amparos, únicamente son medidas que los jueces pueden conceder para mantener las cosas en el estado en que se encuentran hasta que ellos decidan finalmente si los quejosos tienen razón en sus reclamos.
En el caso de la reforma eléctrica, el juez Gómez Fierro ha concedido más de 20 suspensiones provisionales con efectos generales para que la modificación no entre en vigor hasta que se dicte sentencia de amparo.
Al igual que el juez Gómez Fierro su homólogo en el Juzgado Primero de Distrito en la materia, Rodrigo de la Peza López Figueroa ha concedido más suspensiones.
Ambos juzgadores coincidieron en las suspensiones provisionales que si la reforma reclamada fomenta la operación de centrales convencionales y desplazan las fuentes de energías limpias, como aseguraron los quejosos, México podría incumplir compromisos internacionales.
"A través de la reforma constitucional en materia energética y la Ley de la Industria Eléctrica (de 2014), se implementó un marco jurídico aplicable al sector eléctrico orientado a garantizar la competencia y libre concurrencia de agentes económicos, el desarrollo sustentable del país y la protección del medio ambiente. Todo ello con el objeto de obtener las mejores condiciones en la generación y el abasto de electricidad a precios competitivos, en beneficio de la población en general, así como de permitir que el país cumpla con las metas impuestas en materia de generación limpia y sustentable", señaló el juez Gómez Fierro.
"Si las normas reclamadas fomentan la operación de centrales convencionales y desplazan a las fuentes de energías limpias es posible concluir, preliminarmente, que la ejecución de dichas disposiciones podría llegar a afectar el medio ambiente y el cumplimiento de los compromisos internacionales".
