El Gobierno de Ecuador, agobiado por la inseguridad ciudadana, declaró el estado de excepción en todo el territorio nacional y blindó a la fuerza pública (policías y militares) para que ejerza las acciones contra la delincuencia.
El presidente ecuatoriano, Guillermo Lasso, declaró este lunes el estado de excepción por sesenta días ante lo que consideró "grave conmoción interna" debido al "aumento de la actividad delictiva", especialmente en provincias donde las estadísticas advierten de un repunte del crimen.
En provincias como El Oro, Guayas, Santa Elena, Manabí, Los Ríos, Esmeraldas, Santo Domingo de los Tsáchilas, Pichincha y Sucumbíos (fronteriza con Colombia) se dispuso la movilización de militares para complementar las acciones policiales.
En esas localidades la acción de las fuerzas del orden se sentirá "con fuerza en las calles", comentó Lasso, que detalló acciones como controles de armas, de tráfico de drogas, inspecciones y patrullas constantes de agentes de las fueras del orden.
El mandatario, que complementó su decisión ejecutiva con un mensaje a la nación, anunció la creación de una unidad de protección legal de la fuerza pública, encargada de defender a policías o militares que puedan ser demandados en el marco de acciones de seguridad.
La medida excepcional "tiene como finalidad controlar las circunstancias que se han generado, restablecer la conviven pacífica y el orden público", precisa el decreto ejecutivo.
La orden gubernamental se dio en medio de una oleada de delitos, resonada por los medios de comunicación, que a diario informan sobre crímenes violentos, especialmente en la ciudad costera de Guayaquil y otras zonas vecinas.
Los militares, según el decreto, "en todo momento actuarán en coordinación con la Policía", encargada de la seguridad ciudadana, bajo los principios de "excepcionalidad, necesidad, proporcionalidad y humanidad", y con apego a las reglas del "uso progresivo de la fuerza".
"En las calles del Ecuador hay un solo enemigo, el narcotráfico", que es el motor de otras actividades delictivas, dijo Lasso en su mensaje a la nación pronunciado en paralelo al decreto ejecutivo.
El gobernante recordó que Ecuador ha sido catalogado como un país de tránsito del narcotráfico, pero señaló que esa actividad también ha generado un aumento del consumo interno de sustancias estupefacientes.
Ese incremento del consumo también apareja a gran cantidad de los crímenes que se denuncian a diario, agregó el mandatario al poner como ejemplo que sólo en la provincia de Guayas, cuya capital es Guayaquil, más del 70 por ciento de los crímenes violentos están relacionados con el tráfico de drogas.
Por ello, el plan nacional de seguridad que ha diseñado el Gobierno ha incluido el estado de excepción por sesenta días, pero también supone medidas para proteger a los miembros de la fuerza pública.
"Crearemos la Unida de Defensa Legal de la fuerza pública, entidad que se dedicará exclusivamente a la protección de todos aquellos miembros de la Policía o de las Fuerzas Armadas que sean demandados por cumplir con su deber", explicó.
Según Lasso, "la ley debe intimidar al delincuente no a la policía", y por ello su Gobierno indultará a todos aquellos agentes que hayan sido "injustamente condenados" por este tipo de acciones.
El Gobierno, en consecuencia, enviará a la Asamblea Nacional (Parlamento) un nuevo proyecto de ley para respaldar a los agentes del orden, añadió el gobernante.
El régimen quiere unir a todas las fuerzas del orden con una sola misión, "devolver la seguridad a los ciudadanos" y llevar "la batalla al hampa donde sea que se esconda".
Tras insistir en que la falta de oportunidades en el país ha empujado a jóvenes al consumo de drogas, dijo que se formará un comité interinstitucional de todos los ministerios del frente social y la secretaría de derechos de humanos, para prevenir, detener la adicción y reinsertar a los consumidores en la sociedad.
"Queremos un Ecuador seguro para vivir tranquilos", ya que "sin seguridad no hay desarrollo" y para alcanzar esa meta se requiere de un trabajo coordinado de toda la sociedad para "vencer al enemigo común", subrayó Lasso.
Blinda a fuerzas de seguridad ante posibles demandas. (ARCHIVO)
