La legalización que se viene provocará una baja en el valor de hasta 20% de las unidades de mismo año-modelo nacionales debido a la sobreoferta que se generará. (ARCHIVO)
Será un golpe al comercio formal de automotores la regularización de vehículos ilegales que anunció el presidente, Andrés Manuel López Obrador, consideró la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA).
La asociación civil consideró que el decreto que se firmará este sábado 16 de octubre para legalizar el contrabando automotriz representará un premio para las mafias que se enriquecen con el contrabando de este tipo de unidades y será un golpe al comercio automotor formal que genera empleo e impuestos, el cual aún enfrenta las repercusiones por la pandemia por COVID-19 y la crisis de los semiconductores.
Esto debido a que la propuesta de regularización de vehículos ilegales que dio a conocer el jefe del Ejecutivo en su conferencia matutina no se limitará a los siete estados fronterizos, sino que lo ampliará a todo el país, situación que lejos de limitar el problema lo hará más grande, consideró la AMDA.
Señaló que desde el 29 de junio se solicitó al presidente una audiencia para explicarle las repercusiones de su propuesta, que anunció originalmente desde el 27 de ese mes en Baja California, pues desde esa fecha, durante julio y agosto, la importación legal de vehículos usados creció 69.8% y 84.9%, con 5,655 y 6,493 unidades adicionales, respectivamente, mientras que la internación ilegal creció en igual o mayor porcentaje por la esperanza de poder regularizarse en breve.
Indicó la AMDA que el resultado de esto es que el fenómeno de los vehículos ilegales no disminuyó sino que ahora es más evidente que nunca ver este tipo de unidades circulando en toda la frontera ante la omisión de las autoridades, incluso algunos de éstos siendo del segmento de lujo y deportivos, que nada tienen que ver con la justificación social que organizaciones afirman para su regularización por apenas una cuota y sin pagar los impuestos que realmente ayudarían a mejorar sus condiciones de vida.
La asociación recordó que la introducción y comercialización de vehículos usados procedentes de Estados Unidos sin cumplir las formalidades del procedimiento aduanero es un delito que se ha pretendido resolver sin éxito mediante disposiciones del Poder Ejecutivo y el Legislativo, tal como lo representan 19 procesos de regularización entre 1979 y 2011.
Señaló que la legalización que se viene provocará una baja en el valor de hasta 20% de las unidades de mismo año-modelo nacionales debido a la sobreoferta que se generará, ya que el propietario al ver que su unidad usada cuesta menos decidirá posponer su venta o retardar su renovación, afectando aún más la cadena de comercialización de cambio de usado a seminuevo o de seminuevo por uno nuevo.
La AMDA agrupa a 2,500 distribuidores de vehículos nuevos establecidos en las 210 ciudades más importantes del país y genera más de 130,000 empleos directos mediante 42 marcas de unidades ligeras y pesadas, además es miembro de la Asociación Latinoamericana de Distribuidores de Automotores (ALADDA).
