Las víctimas aún esperan que a los acusados se les procese y condene por homicidio. (ARCHIVO)
Frente al terreno que ocupaba el Casino Royale, en la ciudad mexicana de Monterrey, el único recuerdo que queda de uno de los peores atentados del crimen organizado contra civiles -que dejó 52 muertos- es un memorial instalado por familiares de las víctimas que han luchado por mantener viva su demanda de justicia.
Las decenas de cruces blancas llevan escritos los nombres de los fallecidos y fueron colocadas para que la sociedad de esa ciudad industrial en el estado de Nuevo León, al noreste de México, no olvide la tragedia ocurrida el 25 de agosto de 2011.
Samara Pérez, de 48 años y sobreviviente del ataque, recordó la desesperación que sintió al no encontrar a su hijo Brad Xavier Muraira, de 18 años, quien también estaba en el sitio cuando un grupo de hombres armados irrumpieron y comenzaron a rociar con gasolina el lugar para después prenderlo fuego.
“Se escuchó una conmoción, volteo y veo a un hombre que le da un golpe a una mujer con un arma. Entran varios, traían botes, y empiezan a rociar y empieza todo mundo a correr y a gritar. No pasó mucho tiempo, no sabíamos que era gasolina hasta que empezó el humo, empecé a buscar a mi hijo y no lo pude encontrar, el caos fue inmediato”, dijo Pérez a The Associated Press con la voz entrecortada. “Muchas horas después me enteré que mi hijo falleció”.
Las autoridades atribuyeron el ataque al sanguinario cártel de Los Zetas que, de acuerdo con las versiones oficiales, cometieron el atentado en demanda del pago de extorsiones al casino y fue uno de los más brutales desde que en 2006 el gobierno lanzó una ofensiva inédita contra los cárteles de las drogas, los cuales respondieron también con acciones no vistas hasta esos momentos.
Aquel día de 2011 las llamas provocadas por los presuntos miembros del cártel atraparon y asfixiaron a decenas de clientes y empleados. La mayoría de las víctimas eran mujeres que jugaban bingo, en máquinas tragamonedas o simplemente almorzaban con amigos.
A 10 años del ataque Pérez, quien ha sido la vocera de familiares de las víctimas desde entonces, aseguró que tanto las autoridades estatales como las federales han tratado a los deudos con desdén a lo largo de estos años.
La principal afrenta, dijo, ha sido la falta de justicia, ya que la mayoría de los detenidos por su presunta participación en el ataque han logrado obstruir la aplicación de sentencias a través de juicios de amparo contra las condenas.
Semanas después del ataque, las autoridades detuvieron a 17 presuntos responsables, sin embargo sólo cinco han sido condenados, pero ninguno por homicidio.
Un funcionario federal, que pidió no ser identificado para hablar del tema, dijo a la AP que la investigación sigue abierta y que los cinco sentenciados recibieron condenas por portación de arma de fuego y cartuchos de uso exclusivo del ejército.
Pérez dijo que las autoridades tampoco les han permitido a los familiares tener acceso a los documentos de la investigación, en la que quedó en evidencia la falta de protocolos de protección civil y de evacuación en el casino, lo que agravó la tragedia.
“Nunca, hasta el día de hoy, hemos visto una justicia palpable”, afirmó la activista. “Todos los detenidos están iniciando los procesos de amparo, es lo grave de la situación, el sistema penal a nivel nacional les permite que todos estos procesos puedan ser reducidos o que puedan salir estas personas”.
Pérez dijo que las víctimas aún esperan que a los acusados se les procese y condene por homicidio.
Fue precisamente para mantener visible su demanda de justicia que desde 2011 los familiares de las víctimas colocaron un primer memorial de cruces de madera con los nombres de los fallecidos frente a las ruinas del casino, aunque desconocidos lo quitaron en dos ocasiones.
Los deudos pusieron entonces cruces metálicas sobre una barda, la cual volvió a ser derribada en abril, ahora por empleados contratados para demoler lo que quedaba del edificio. El gobierno municipal aceptó reconstruir la barda para reinstalar las cruces.
“Ha sido una falta de respeto a las familias que hayan intentado quitar nuestro memorial, esperamos que ahora esté ahí de manera permanente”, dijo Luis Javier Nava Walss, de 31 años, quien perdió en el incendio a su madre, Idalia Walss, una maestra de primaria que murió a los 46 años.
Además de la falta de justicia, los familiares han tenido que sortear el incumplimiento de promesas de apoyo gubernamental, dijo Marisela Ramírez Cano, de 62 años, cuya hija Claudia Castillo Ramírez, de 25 años y madre de dos menores, trabajaba en el casino y falleció en el ataque.
Ramírez Cano, trabajadora de una lavandería, dijo que aunque inicialmente las autoridades locales entregaron alimentos a las familias y el municipio ofreció pagar las fosas en los cementerios de la ciudad donde fueron sepultadas algunas de las víctimas, la ayuda fue reducida y hubo confusión en torno al pago por la utilización de las tumbas.
Por ejemplo, dijo Ramírez Cano, seis años después de la muerte de su hija el panteón municipal en el que había sido sepultada y que había sido pagado por el gobierno le informó que el servicio era temporal y, al expirar el plazo, ella debía pagar por la extensión del servicio.
“A los seis años la tuve que sacar del panteón, fue una falta de respeto. Me dieron una caja chiquita en la que no cupo mi hija, tuve que ir en una carroza con los restos de mi hija hasta que encontramos una caja usada y ahí pusieron los restos, y fuimos a otro panteón”, recordó.
Las familias le han pedido al actual presidente mexicano que las escuche. “El gobernador Jaime Rodríguez Calderón no se dignó ni siquiera a recibirnos y al presidente Andrés Manuel López Obrador le diría que haga una revisión exhaustiva en el Poder Judicial para que vea que en estos casos se aplique la ley. Nadie está por encima de la ley”, afirmó Pérez.
Una de las cosas que mejor ejemplifican la indiferencia oficial hacia el caso, dijo, es una pequeña fuente construida en 2014 por las autoridades locales frente al edificio del casino que luce abandonada.
Como cada año los familiares de las víctimas acudirán este 25 de agosto al sitio donde operaba el casino para protestar contra la impunidad y proyectarán frente al Palacio de Gobierno estatal un video con un recuento de su lucha.
