Ministras admitieron a trámite controversia presentada por Cámara Baja. (ARCHIVO)
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) frenó el acuerdo del Instituto Nacional Electoral (INE) por el que aplazó la realización de la consulta popular sobre la revocación de mandato.
La Comisión de Receso de la Corte, integrada por las ministras Yasmín Esquivel Mossa y Margarita Ríos-Farjat, admitió a trámite la controversia constitucional presentada por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión contra el acuerdo del INE para aplazar indefinidamente el proceso sobre revocación de mandato.
En su acuerdo de admisión las ministras concedieron la suspensión solicitada por los legisladores federales para que el acuerdo del INE no surta efectos, por lo que el Instituto debe cumplir con los tiempos establecidos en la Ley Federal de Revocación de Mandato para organizar la consulta popular.
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Oficios se han presentado ante la Suprema Corte y el Tribunal Electoral"Se concede la suspensión solicitada por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, para los efectos precisados en la parte final del presente proveído.
"La medida suspensional surtirá efectos de inmediato y sin necesidad de otorgar garantía alguna", indicó la Comisión de Receso.
En su resolución las ministras precisaron que el acuerdo del INE pone en riesgo el ejercicio oportuno del derecho de la ciudadanía a decidir si revoca o no el mandado del Presidente de la República.
El conflicto por la revocación de mandato suma ya dos impugnaciones en la SCJN. La que hoy admiten las ministras Esquivel y Ríos-Farjat y la del INE que, en controversia constitucional, demandó la reducción presupuestal aplicada por la Cámara de Diputados para 2022 por más de cuatro mil millones de pesos.
En su demanda, el INE afirmó que esta reducción puede poner en riesgo la realización de la consulta para la revocación de mandato porque se calcula que este ejercicio tenga un costo mayor a los tres mil millones de pesos.
Debido a que la Corte no concedió la suspensión solicitada por el INE para que no sea obligado a ajustar su presupuesto y para eximir a sus funcionarios de cualquier responsabilidad penal o administrativa por no realizar la consulta, el Instituto dictó el acuerdo que ahora impugna la Cámara de Diputados.
En su acuerdo, el INE señaló que, tal como ordena la Ley Federal de Revocación de Mandato, realizará ajustes a su presupuesto para reunir el dinero necesario para la consulta por lo que su realización se aplazará hasta que tenga el dinero requerido.
