Jurista manifestó que se trató de lo que llamó una 'ejecución forzada'. (ESPECIAL)
Yaneth Rangel García, viuda cuyo marido murió acribillado por elementos de la Policía Preventiva de Monclova, acusó a éstos de haber perpetrado una ejecución forzada, pues su cónyuge no se encontraba armado; los agentes nunca fueron castigados. También demandó al Ayuntamiento una indemnización por el crimen.
El 24 de febrero de 2020 Pablo Alberto González Gaytán era seguido por la Policía Preventiva, por un presunto robo que supuestamente acababa de cometer.
El hombre se refugió en el techo de su casa, y estando ahí los policías le dispararon repetidas veces, supuestamente repeliendo el ataque armado del sospechoso.
Sin embargo el arma que presuntamente portaba el individuo no fue encontrada, la prueba balística de rodizonato de Sodio, resultó negativa y confirmó que no disparó el finado.
Videos grabados por vecinos muestran momentos después de los disparos realizados por la policía y se escuchan los gritos de los civiles que reclaman porqué balean a Juan si éste no estaba armado.
César García Diosdado indicó que la Fiscalía General del Estado no dio seguimiento a la carpeta de investigación por la muerte violenta de este hombre, si es que abrió una indagatoria.
Agregó que ningún elemento de la policía preventiva fue amonestado, sancionado o despedido por estos hechos, y la viuda quedó en indefensión, sin la representación del ministerio público que nunca acudió, y sin el sostén familiar que representaba su esposo y padre de sus dos hijos.
Fue una ejecución forzada
El jurista manifestó que se trató de lo que llamó una "ejecución forzada", pues la víctima no estaba armada, y recibió más de tres impactos de bala, lo que muestra la intención de los perpetradores de acabar con su vida.
Rechazó que se tratara de repeler una agresión, pues la Policía no encontró la supuesta arma y quedó demostrado que el hombre no disparó, lo que confirmaron decenas de vecinos que presenciaron los hechos.
El abogado explicó que el Ayuntamiento debe hacer una reparación civil del daño, como lo marca la ley, que podría ascender a una suma de entre uno y 3 millones de pesos.
Agregó que la Fiscalía General del Estado Debe continuar o reiniciar la carpeta de investigación, y llevar a proceso a los policías que dispararon dieron muerte a Juan.
Lamentó que en ningún momento se realizaron pruebas de rodizonato de sodio a los alrededor de 30 policías que participaron en ese operativo que terminó en la muerte de Juan.
Dijo que los agentes seguramente continúan activos en la corporación policiaca, pues nunca hubo castigos ni sanciones. Señaló que esto no debe ocurrir en un estado de derecho, y agregó que confía en que el Ayuntamiento antes que termine el año y su actual administración, indemnice a la viuda y a sus hijos.
