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Todos los contendientes de la guerra que se prolonga ya más de siete años en el Yemen cometen graves violaciones de los derechos humanos, tanto contra los civiles que habitan en los territorios bajo su control como contra los de las otras partes del conflicto, denunció Amnistía Internacional (AI) en su informe anual publicado hoy.
AI recopiló en su balance sobre la situación de los derechos humanos en el mundo algunos de los abusos más flagrantes cometidos por el Gobierno reconocido internacionalmente, los rebeldes hutíes, la coalición militar internacional liderada por Arabia Saudí, que apoya al Ejecutivo, y los separatistas del sur.
En este sentido, AI acusó a la alianza dirigida por Riad y a los hutíes de "ataques indiscriminados que mataron y lesionaron a civiles, y en el caso de los insurgentes, utilizaron armamento pesado contra campamentos de desplazados internos, causando la muerte de seis mujeres y tres menores de edad, lo que según expertos de la ONU constituyó un crimen de guerra.
Todas las partes en el conflicto, añadió el informe, siguieron cometiendo detenciones, desapariciones forzadas y torturas por razón de ideología política, religión, activismo o género.
Además, todos impusieron también "abusivamente normas de género patriarcales" y discriminación por este motivo e incluso, en el caso de los hutíes, campañas de detenciones arbitrarias y desapariciones de mujeres que desafiaban sus estrictas normas al respecto, con lo que el Yemen ocupó el segundo peor puesto en el índice mundial de disparidad entre los géneros.
Igualmente, Amnistía sostuvo que en las zonas bajo control de los hutíes, estos siguieron acosando a la minoría religiosa bahaí y recluyeron arbitrariamente y en condiciones precarias a cientos de inmigrantes, la mayoría etíopes y somalíes.
En este sentido recordó la muerte de 46 de ellos hace un año en un incendio en un centro de detención provocado por los propios guardias al reprimir una huelga de hambre.
AI condenó que todos los contendientes impusieran bloqueos y obstrucciones a la libertad de circulación que provocaron un encarecimiento de los alimentos e impidieron el acceso a la ayuda humanitaria, agravando la situación de inseguridad alimentaria y hambruna en el país.
Las mismas restricciones, agregó, afectaron al acceso a los medicamentos y los tratamientos médicos, incluidas las vacunas para la covid-19, a lo que se sumó el hecho de los hutíes negaron públicamente la existencia de la pandemia y rechazaron las dosis ofrecidas por la iniciativa Covax.
Por otro lado, AI criticó que por iniciativa de Arabia Saudí y Baréin el Consejo de Derechos Humanos de la ONU no renovó el mandato del grupo de expertos sobre el Yemen, "con lo que forzaron el fin del único mecanismo internacional imparcial de investigación" en este país.
