El 11 de diciembre de 2006, sin previo aviso, el presidente Felipe Calderón ordenó el primer operativo conjunto de la policía y el Ejército en tareas de seguridad pública en Michoacán: ese día, casi inadvertidamente, se instauró en México un estado de excepción que se prolonga hasta hoy. Han transcurrido dieciséis años en los cuales las Fuerzas Armadas, en sus diversas encarnaciones, se han inmiscuido en tareas que, en regímenes auténticamente democráticos, deberían corresponderle solo a los civiles.
Los discursos desde el poder que han acompañado semejante estrategia -el supuesto poder omnímodo de cárteles y narcos; la infiltración del crimen organizado en las policías; su abierto desafío hacia el Estado- han enmascarado una vertiginosa militarización que a la fecha no ha ofrecido ningún resultado: en vez de disminuir, la violencia ha crecido estrepitosamente, con cifras de muertos, desaparecidos y desplazados propias de una guerra civil; el tráfico de drogas se ha mantenido incólume, con precios más o menos estables y una mayor diversificación de mercados y materias primas; el descabezamiento de los capos solo disparó rivalidades resueltas en cruentas pugnas intestinas; y el país se ha convertido en un campo de batalla y un vasto cementerio.
La retórica de la guerra contra el narco de Calderón, con su ardor maniqueo, se atemperó en el gobierno de Peña Nieto sin suspender el estado de excepción. En su campaña de 2018, López Obrador se manifestó contra este empeño y se comprometió a devolver a los militares a sus cuarteles. Tres años después de su triunfo, sus acciones han sido justo las contrarias: ha dejado en manos militares la seguridad pública -en una nueva institución, la Guardia Nacional, solo formalmente civil- y ha expandido su campo de acción a órdenes de la vida pública que jamás habían rozado: la construcción y administración de infraestructura -incluyendo el Aeropuerto Felipe Ángeles y el Tren Maya-, proyectos inmobiliarios y financieros -se cancelaron todos los fideicomisos menos los instaurados en el Ejército y la Marina- e incluso el control de puertos y aduanas.
Nunca el estado de excepción había llegado a extremos en los cuales los militares amasaran tantos recursos y tanto poder, agazapados en una nueva retórica: la de formar parte de una transformación que es en realidad una involución. Fascinado con su lealtad y eficacia, López Obrador ha convertido a las Fuerzas Armadas en sus principales aliadas, abriéndoles espacios que muy difícilmente dejarán y pagando sus servicios con toda suerte de prebendas y concesiones. Por si no bastara, se apresta a presentar una iniciativa de reforma constitucional para plasmar sobre el papel lo que ya es una realidad: el trasvase directo de la Guardia Nacional, hoy bajo la teórica tutela de la Secretaría de Seguridad Pública, a la Defensa.
Valiéndose de un argumento tan pueril como condescendiente -la idea de que nuestros militares son "pueblo uniformado"-, López Obrador se empeña en lavarle la cara a una institución que ha sido directamente responsable del aumento de la violencia y cuyas reiteradas violaciones a los derechos humanos han quedado bien documentadas. Pueblo uniformado nada significa: sus integrantes son los mismos que estaban allí cuando se produjeron las 250 mil muertes y miles de desapariciones ocurridas desde 2006 y son los mismos que han desempeñado oscuros papeles en distintas masacres o en la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.
Días atrás, miembros de la Guardia Nacional abrieron fuego contra unos jóvenes en Irapuato, hiriendo a una estudiante y ocasionando la muerte de Ángel Ignacio Rangel, de 19 años. Como de costumbre, las explicaciones oficiales han sido vagas, la investigación defectuosa y las resoluciones judiciales incomprensibles. La militarización extrema conduce al uso arbitrario de la fuerza. La idea de incorporar a la Guardia Nacional al Ejército debería quedar ya descartada: lo que se impone no es legitimar el estado de excepción permanente, sino acabar con él con una urgente transformación de nuestro sistema de justicia.
@jvolpi
